El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una de sus mayores tormentas políticas tras las revelaciones sobre los presuntos vínculos de altos mandos militares y funcionarios del Estado con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. Las denuncias, basadas en archivos conocidos recientemente, apuntan a una posible infiltración estructural que comprometería a sectores claves de la institucionalidad.
La crisis tomó fuerza por la presunta relación entre este grupo armado y funcionarios de alto rango, al punto de que —según los documentos revelados— las disidencias habrían financiado la campaña presidencial de 2022. En los archivos también se mencionan acercamientos a la vicepresidenta Francia Márquez, quien negó categóricamente las acusaciones y las calificó como una “infamia”.
A menos de nueve meses de dejar la Casa de Nariño, el presidente Petro entra en un nuevo episodio de desgaste político que golpea directamente su proyecto de “paz total”. Desde diferentes sectores, se cuestiona que la institucionalidad haya sido permeada por estructuras criminales.
“La institucionalidad que todos pagamos fue captada, en puntos clave, por la delincuencia narcoterrorista. Esto no es casualidad”, afirmó la representante Juana Carolina Londoño, quien acusó al Gobierno de permitir que grupos responsables del deterioro de la seguridad tengan influencia dentro del Estado.
Las reacciones políticas son contundentes. La senadora María Fernanda Cabal anunció una nueva denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro. A su vez, la senadora Paloma Valencia convocará un debate de control político por la gravedad de los hechos.
Incluso desde el petrismo surgieron críticas: la senadora María José Pizarro señaló que cualquier vínculo entre funcionarios del Estado y estructuras armadas debe ser investigado “sin importar el gobierno”.
La senadora Paola Holguín exigió explicaciones sobre los presuntos vínculos de altos mandos de la Fuerza Pública, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y la posible financiación de la campaña presidencial de 2022 por parte de disidencias.
El escándalo también involucra a directivos de Indumil y a un funcionario con línea directa dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Desde el ámbito internacional y político, el expresidente Juan Manuel Santos advirtió que la institucionalidad del país está en riesgo, exigiendo al mandatario responder al país:
“Lo que salió a la luz pública es muy grave e inaceptable. El Estado de Derecho está en juego”.
El presidente Petro desestimó las revelaciones, asegurando que se basan en información “falsa” suministrada —según él— por la CIA.
