La representante a la Cámara habría ordenado un allanamiento al Consejo de Estado, generando conflicto de intereses en magistrados que estudian demandas contra su partido.
La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, exesposa del senador Roy Barreras, se encuentra en el ojo del huracán por su actuación en la Comisión de Acusaciones. Desde este cargo, Arizabaleta ordenó un allanamiento al Consejo de Estado, afectando directamente a magistrados que están estudiando una demanda presentada contra su partido, La Fuerza de la Paz.
Uno de los magistrados involucrados se vio obligado a declararse impedido para evitar conflicto de intereses, dejando de estudiar la demanda en cuestión. Sin embargo, Arizabaleta no tomó la misma precaución, lo que levanta serias dudas sobre la burda presión política sobre la justicia.
Expertos consultados señalan que esta acción refleja un intento de interferencia directa en el sistema judicial y pone en evidencia los riesgos de mezclar intereses políticos personales con funciones legislativas. La situación ha generado preocupación sobre la independencia de la justicia y el respeto a los procesos legales en Colombia.
La pregunta que queda en el aire: ¿por qué Arizabaleta no se declaró impedida ante un claro conflicto de interés? La acción de la representante evidencia, según críticos, la estrategia de influencia política que buscan aplicar algunos sectores del petrismo y sus aliados sobre los órganos de control y judiciales del país.
