El poderoso ministro del Interior, Armando Benedetti, es investigado por tramitar un proyecto de ley que habría beneficiado a Euclides Torres, uno de los grandes financiadores del petrismo y del círculo de Nicolás Petro. Detrás del escándalo, aparecen millonarios contratos, mansiones y préstamos sin soporte.
El “superministro” de Gustavo Petro, Armando Benedetti, vuelve a estar contra las cuerdas. La magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, avanza en una investigación que podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del actual Gobierno.
Según documentos revelados por Revista Semana, Benedetti habría tramitado en el año 2010 un proyecto de ley hecho a la medida del polémico empresario Euclides Torres, conocido no solo por su cercanía con el ministro, sino por ser uno de los principales financiadores del petrismo y de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
El expediente judicial indica que el entonces senador Benedetti presentó una iniciativa para implementar un certificado de aptitud psicofísica en el porte de armas, ley que, según la Corte, fue diseñada para favorecer los intereses económicos de Simetric S.A., empresa propiedad de Torres.
La magistrada Lombana señaló que ambos —Benedetti y Torres— habrían formado una alianza para legislar en beneficio propio, consolidando un monopolio en la expedición de esos certificados. A ese entramado también se habrían sumado los exrepresentantes Efraín Torres y Tatiana Cabello, quienes frenaron otro proyecto conocido como “la Ley del Vigilante” para que la iniciativa impulsada por Benedetti avanzara sin obstáculos.
Pero el capítulo más escandaloso del caso no está solo en el Congreso, sino en los bolsillos del ministro. La Corte Suprema descubrió que, después de esas movidas legislativas, el patrimonio de Benedetti creció de forma sospechosa. Uno de los hallazgos más llamativos fue la compra de una lujosa mansión en Pradomar (Atlántico), a nombre de su esposa Adelina Guerrero, por 3.694 millones de pesos.
Según el testimonio de Euclides Torres, ese dinero habría salido de una de sus empresas bajo la figura de un préstamo, aunque la Corte determinó que no existe ningún documento de soporte, garantía o registro de pago.
El caso estalló por completo cuando la magistrada Lombana ordenó un allanamiento sorpresa en una segunda residencia de Benedetti, ubicada en Lagos de Caujaral, un exclusivo condominio de millonarios entre Barranquilla y Puerto Colombia. El lugar —según fuentes del proceso— tendría vínculos con Álex Saab, el empresario cercano al régimen de Nicolás Maduro.
El operativo, acompañado por 30 uniformados, desató la furia del ministro, quien perdió el control y arremetió públicamente contra la magistrada, llamándola “loca, demente y delincuente”. Incluso anunció que la denunciaría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando persecución política.
Mientras tanto, su esposa relató en redes sociales que durante la inspección fue tratada con desprecio, que le arrebataron el celular e incluso la amenazaron con detenerla.
Pero las consecuencias ya empezaron: la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Benedetti por sus ataques a la magistrada y por su comportamiento frente a la justicia.
El caso deja al descubierto el lado oscuro del llamado “Gobierno del Cambio”: una red de poder, negocios y favores que mezcla política, dinero y viejas lealtades. Hoy, el ministro más influyente de Petro está cercado por la justicia y señalado de haber utilizado el Congreso para beneficiar al mecenas del petrismo.
Y mientras el país enfrenta crisis económica, inseguridad y desconfianza institucional, los escándalos del alto gobierno se multiplican. El cambio prometido se convirtió en una maraña de privilegios, mansiones y contratos.
