Hoy se cumplen 40 años de la trágica toma del Palacio de Justicia en Bogotá, un hecho que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La bandola criminal M-19, de la cual formó parte el actual presidente Gustavo Petro, fue responsable de este holocausto que marcó una de las páginas más oscuras de la historia colombiana y debilitó gravemente el Estado de derecho.
Esta dolorosa conmemoración recuerda el alto costo de la radicalidad y la impunidad: vidas inocentes arrebatadas, instituciones atacadas y una democracia herida. La memoria histórica –que Petro intenta reinterpretar, presentando la toma violenta del Palacio como una “genialidad militar” y responsabilizando al Ejército– exige que nunca se minimice ni se justifique lo ocurrido.
