Las indagaciones que se están llevando a cabo por irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 continúan y afectan cada vez más a aliados del Gobierno nacional.
De acuerdo con Caracol Radio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Las indagaciones solicitadas se basan en presuntas irregularidades identificadas en el registro de gastos de campaña de Petro para la Presidencia de la República y de la campaña para el Senado de la República por el Pacto Histórico. Para entonces, Roa actuó como gerente de la campaña Petro-Presidente, y Jaramillo se encargó de la campaña del Congreso.
Según reveló la revista Cambio, al parecer, se habrían manipulado documentos y fracturas para evitar dejar en evidencia la violación de topes de financiación en la campaña presidencial.
La presunta manipulación de información
De acuerdo con el medio citado, la Sala de Instrucción de la Corte halló evidencias de que el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro hizo distintos vuelos que no fueron contabilizados como gastos de su campaña para la Presidencia. Estos habrían sido añadidos a los gastos de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República, para que así no se superaran los topes de financiación de la campaña presidencial.
Los documentos analizados por la Corte, conocidos por Cambio, indican que se llevaron a cabo 27 desplazamientos equivalentes de 72 horas de vuelo. Estos se realizaron por medio de un contrato firmado con la Sociedad Aérea de Ibagué con el objeto de trasladar a aspirantes a la campaña del Congreso y no al hoy mandatario de Colombia.
Sin embargo, presuntamente, en parte de esos vuelos nunca viajaron los candidatos al Senado. Pues, hay planillas que inicialmente indicaban que esos gastos iban dirigidos a la campaña presidencial –gerenciada por Roa–, pero, posteriormente, se reportaron los gastos como propios de la campaña al Senado –gerenciada por Jaramillo–. En total, se habrían identificado posibles manipulaciones en la información de 24 vuelos.
En ese sentido, al parecer, en la totalidad de los servicios aéreos habría viajado Gustavo Petro, en compañía de su esquema de seguridad y de algunos de sus familiares, pero los gastos de esos desplazamientos no fueron adjudicados a su campaña.
Aunado a ello, las facturas de los traslados también habrían sido alteradas, lo que implicaría un presunto fraude por $1.215 millones que fueron declarados por Guillermo Alfonso Jaramillo para reposición de gastos de campaña. Esos recursos habrían sido divididos entre 20 candidatos y candidatas al Senado por el Pacto Histórico, logrando que a todos se les adjudicara un gasto de $60 millones en vuelos.
Sin embargo, según indicó Sala de Instrucción en un documento al que tuvo acceso W Radio, los entonces candidatos al Senado firmaron los informes que acreditaban esos gastos por concepto de servicios aéreos, sin conocer que había inconsistencias. De hecho, en la investigación adelantada informaron que en ningún momento viajaron en esos aviones.
“En esta actuación, las pruebas revelan que, con la presentación del informe que contiene información falsa, se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral para proferir los actos administrativos que reconocen el derecho a la reposición de gastos de campaña, en relación con los votos obtenidos por la lista cerrada al Senado de la República”, detalló la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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