El bochorno político se vivió en Palmira: Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, denunció que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo mandó a callar en pleno consejo de seguridad donde debía discutirse la ola de homicidios que desangra al Valle del Cauca.
López aseguró que, tras exponer cifras alarmantes —más de 13.100 asesinatos desde 2020—, el ministro lo interrumpió acusándolo de hacer proselitismo. Como si exigir seguridad fuera un show político y no un deber del Estado.
Pero la película no termina ahí: su equipo de trabajo fue obligado a borrar los videos grabados, su secretaria privada fue empujada por personal de la gobernadora Dilian Francisca Toro, y además le prohibieron hablar en la rueda de prensa final. Eso sí, le dejaron salir en la foto oficial… como un adorno más del “comité de aplausos” que —según López— reemplazó al debate serio sobre la seguridad.
Mientras tanto, las dudas sobre el manejo de $56.000 millones de la sobretasa de seguridad siguen en el aire, dinero que según López se diluye en “340 asesores de convivencia” contratados por la Gobernación.
En conclusión: cifras de sangre en aumento, congresistas callados a la fuerza, periodistas sin registros y funcionarios posando sonrientes para la foto. El guion perfecto de un país donde la censura se disfraza de protocolo.
