En Colombia ya no hace falta un título profesional ni experiencia para supervisar convenios universitarios. Solo se necesita ser amiga del presidente, posar de “joven activa y rebelde” y tener la bendición de Gustavo Petro. Así de simple.
La protagonista de esta historia es Juliana Guerrero, contratista que en 2023 y 2024 firmó dos contratos con la Universidad Industrial de Santander (UIS). Lo curioso —y escandaloso— es que, sin diploma en mano ni hoja de vida robusta, Guerrero tuvo la nada despreciable tarea de supervisar convenios en una de las universidades más importantes del país.
Los detalles de sus contratos siguen siendo un misterio digno de novela. No hay informes claros, ni justificaciones técnicas, ni mucho menos resultados verificables. Pero claro, ¿para qué desgastarse con papeles y transparencia cuando se tiene la confianza del Palacio de Nariño?
El caso refleja la nueva meritocracia a la colombiana: ya no importa lo que se sabe, sino a quién se conoce. Y en este Gobierno, la rebeldía parece ser más valiosa que un cartón universitario.
Mientras tanto, la UIS calla, los entes de control miran de reojo y el país se acostumbra al espectáculo de los nombramientos y contratos que premian la cercanía política sobre la capacidad técnica.
Pero no seamos malpensados: seguro que tarde o temprano aparecerán los “resultados” de Guerrero. Quizás en un mural, en un podcast revolucionario o en un tuit, porque de informes técnicos, al parecer, nada que ver.
