El expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, lanzó una dura advertencia contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que acusa de implementar una estrategia de “expropiaciones indirectas” que, según él, afectan extensas zonas del territorio nacional.
En un comunicado emitido este 25 de agosto de 2025, Gaviria aseguró que, aunque Petro prometió en campaña no expropiar, “ha encontrado una forma de incumplir su palabra mediante resoluciones y decretos exprés que regulan los usos del suelo, limitando la propiedad privada y paralizando proyectos productivos”.
¿Qué significa la “expropiación indirecta”?
De acuerdo con el expresidente, este mecanismo no implica la toma formal de un bien por parte del Estado, sino la imposición de regulaciones, restricciones o decisiones administrativas que hacen que una propiedad sea económicamente inviable.
Gaviria advirtió que la expedición de nuevas normas ambientales, la denegación de permisos, las modificaciones unilaterales de contratos y los cambios arbitrarios en el uso del suelo generan incertidumbre, frenan la inversión y reducen el valor de predios y proyectos en distintas regiones del país.
“Se trata de un conjunto de medidas que en la práctica equivalen a una expropiación regulatoria, porque terminan privando al propietario del control, uso y beneficios de su tierra, sin que exista un proceso legal de expropiación directa”, señaló el exmandatario.
Contexto y riesgos señalados
El documento hace énfasis en que estas decisiones afectan a sectores como la agricultura, ganadería, minería, infraestructura, industrias extractivas y proyectos de inversión, generando un ambiente de inseguridad jurídica.
El expresidente recordó que este tipo de prácticas han sido utilizadas en regímenes comunistas y autoritarios, y alertó que en Colombia “ya están paralizando cualquier posibilidad de inversión en predios sometidos a dichas regulaciones”.
Finalmente, Gaviria hizo un llamado al país y a los actores políticos a debatir sobre los alcances de estas medidas, advirtiendo que, de continuar, se pondría en riesgo la confianza de los inversionistas y el desarrollo económico nacional.
