Con cuatro votos en contra, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental archivó nuevamente el proyecto de ordenanza 015 de 2025. La propuesta buscaba incorporar más de 133 mil millones de pesos del superávit 2024 al presupuesto del departamento para financiar programas sociales, obras de infraestructura, la atención de emergencias, entre otros.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó la decisión y la calificó como un acto de odio que golpea directamente a la comunidad. “Un sector de la Asamblea Departamental ha condenado al pueblo de Casanare a padecer las consecuencias de un odio y revanchismo político”, señaló.
El mandatario agregó que este revanchismo enceguecido no solo afecta a un gobierno, sino que hiere a todos los sectores del departamento al negarle recursos indispensables para atender necesidades tan sensibles como la alimentación escolar de los niños, una vivienda digna para las familias más vulnerables, el fortalecimiento de la Unidad Renal del HORO, la respuesta frente a la fiebre amarilla, la atención inmediata a la ola invernal y los paquetes nutricionales de los adultos mayores.
La negativa al superávit pone en riesgo programas deportivos, proyectos educativos, culturales y de salud, además de la atención a la juventud y el mejoramiento de las vías. También limita la compra de equipos biomédicos, los paquetes nutricionales para adultos mayores, la respuesta a emergencias por la ola invernal, el pago de la nómina de pensionados, la contratación de personal, el Plan de Alimentación Escolar y el mantenimiento de las sedes educativas, junto con otras prioridades esenciales para la población.
La gestora social, Diana Soler, advirtió que la negativa golpea de manera directa a la población más vulnerable. “Más de 16.000 adultos mayores dejarán de recibir sus paquetes nutricionales. Con cuatro votos negativos se afecta a miles de casanareños. Desde la Oficina de Gestión Social impulsaremos una campaña para mitigar esta necesidad”, expresó.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, defendió la legalidad del proyecto. “La iniciativa no tenía impacto fiscal y todas las observaciones habían sido resueltas. Hubo negligencia y falta de voluntad”, indicó.
El director de Planeación Departamental, Alfonso Cárdenas, lamentó lo sucedido. “Aquí no hubo errores ni fallas técnicas, simplemente no hubo voluntad. Esto le hace un enorme daño al departamento”, aseguró.
Con esta decisión, recursos destinados a sectores sociales y estratégicos permanecen represados, lo que deja a miles de familias casanareñas sin soluciones inmediatas y frena programas que ya contaban con financiación asegurada.
