Muy pronto la JEP impondrá las primeras condenas por la responsabilidad de las Farc por los secuestros. De todas formas, los exlíderes solo serán condenados a actos públicos de perdón, a construir estatuas o a sembrar árboles.
Diana Saray Giraldo
Desde que la jueza Sandra Heredia comenzó la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se sabía que lo iba a condenar. El preámbulo de su decisión, que tomó más de diez horas, estuvo cargado de afirmaciones en las que la jueza insistió en que nadie, por muy poderoso que fuera, está por encima de ley y que la justicia es para todos. Y así fue.
El expresidente Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza condenó al expresidentea 12 años de prisión y le impuso una multa de 3.500 millones de pesos. Además, ordenó su captura inmediata, lo que, en opinión de varios abogados penalistas, contrarió lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-220 de 2024, que estableció que la regla general debe ser que el procesado se mantenga en libertad hasta que quede en firme el fallo condenatorio.
No es la intención en este espacio hablar de la procedencia o no de la condena contra el expresidente Uribe ni mucho menos defender su inocencia. Este es un proceso muy complejo, en el que es imposible dar una opinión sin conocer los pormenores de un fallo que tiene 1.114 páginas. Así que la discusión no es sobre la procedencia o no de la condena, sino sobre la asimetría de la Justicia en Colombia.
Hoy, mientras el expresidente Uribe es condenado, los exmiembros del secretariado de las Farc completan nueve años frente a un tribunal que aún no les impone la primera condena. A pesar de haber perpetrado durante décadas los peores delitos de lesa humanidad, no existe ninguna sanción ni restricción contra quienes sometieron por décadas al país y lo sumieron en el terror.
Mientras muchos aplauden de pie la condena contra Álvaro Uribe, el propio presidente Gustavo Petro exige respeto por los exmiembros del secretariado de las Farc, hoy convertidos en congresistas, y afirma que pedir que se haga justicia contra ellos es alentar el odio contra los firmantes de paz e incluso su exterminio. Nadie puede pedir que Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez, Julián Gallo o Pablo Catatumbo respondan ante las víctimas, y mucho menos narrar lo que hicieron en las Farc, porque de una vez se afirma que se los está “estigmatizando”.
Pero no es solo que no existan condenas contra los exmiembros de las Farc, es que ya se sabe que la pena por los miles de masacres, secuestros, violaciones, extorsiones, homicidios, reclutamiento de niños, voladura de torres y oleoductos, y un largo etcétera, serán actos simbólicos de reparación en las comunidades que afectaron. No habrá cárcel, ni un solo día, ni mínima. Solo actos de “restauración colectiva”. Tampoco indemnización para las víctimas (a propósito, ¿dónde están los bienes que tenían que entregar para repararlas?).
Pero nadie puede darles voz a las víctimas, o manifestar que el proceso de paz fracasó, o que todo quedó en la absoluta impunidad, porque es acusado de fomentar “el exterminio de los firmantes de paz”. Entonces, ¿tenemos que olvidar como país lo que sufrimos en sus manos y callar a las víctimas?
Mientras que no se puede hablar de lo que hicieron las Farc, sus mayores líderes han recibido salario de congresistas, camionetas blindadas, protección estatal y ahora van de gira por el mundo hablando de paz. Pero no es cierto que exista arrepentimiento ni intención de compensar todo el daño que hicieron. Por el contrario, están decididos a callar a todo aquel que quiera recordar su historia. Prueba de ello es el actuar de la senadora Sandra Ramírez, durante décadas la pareja de Tirofijo, quien ha decidido interponer acciones judiciales contra todo aquel que hable de los delitos que cometió mientras perteneció a las Farc. “¿Dónde está la condena en mi contra?”, alega, a sabiendas de que no existe.
Asimismo, los líderes del partido Comunes han replicado una y otra vez que contar los delitos de los que fueron parte es “estigmatizarlos”.
Hasta el día de hoy, ninguno de los exmiembros del secretariado de las Farc ha salido públicamente a rechazar las amenazas de muerte contra las niñas que fueron reclutadas, ni a pedir su protección, ni a impedir las agresiones en su contra. Al contrario, los exmiembros del secretariado de las Farc son cada vez más arrogantes e insolentes. Ahora incluso dan lecciones de moral, atacan públicamente a periodistas y políticos, aplauden la condena contra Uribe, lo llaman criminal y piden ¡que se haga justicia! “Hoy a las 2PM el país conocerá la condena que deberá pagar Álvaro Uribe Vélez. No nos alegramos por su situación, pero este caso ha demostrado que la justicia no es solo para los de ruana, que por más poderoso que alguien se crea, en algún momento debe responder por sus delitos”, escribía el viernes Sandra Ramírez en su cuenta de X. Como si ella no tuviera nada que ver con los 96.952 homicidios imputados a las Farc, ni los 29.410 desaparecidos, ni los 20.223 secuestros, ni las 240 masacres. Como si haber firmado un acuerdo de paz hubiera implicado borrar todo lo que hicieron.
Es tan aberrante lo que está sucediendo que incluso algunos de los exlíderes de las Farc formaron parte de la delegación que recibió los honores militares el pasado 20 de julio. ¡Qué ironía, los comandantes de las Farc recibiendo honores militares de los soldados, cuando fueron responsables de miles de sus asesinatos y secuestros!
Muy pronto la JEP impondrá las primeras condenas por la responsabilidad de las Farc por los secuestros. De todas formas, los exlíderes solo serán condenados a actos públicos de perdón, a construir estatuas o a sembrar árboles.
Mientras eso pasa, Álvaro Uribe, el presidente que más combatió a las Farc, estará recluido cumpliendo su condena de 12 años.
