En una decisión que ha sacudido las fibras institucionales de Colombia, la jueza Sandra Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, en un fallo de primera instancia que ha sido calificado por amplios sectores como una sentencia de revancha ideológica, plagada de inconsistencias probatorias y marcada por una evidente persecución política.
La condena impuesta supera incluso la solicitud de la propia Fiscalía —que pidió 9 años— y se da en un proceso ampliamente cuestionado por irregularidades, interceptaciones ilegales, testigos de dudosa credibilidad y una justicia cada vez más alineada con los intereses de la izquierda radical. La orden de captura inmediata y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años, completan un paquete judicial que muchos consideran diseñado para sacar del camino al mayor contradictor del actual gobierno.
Un juicio viciado desde el origen
El caso contra Uribe se ha construido sobre una estructura probatoria frágil, sostenida principalmente por el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un preso condenado por secuestro, con un historial de fiestas, drogas y contradicciones, cuyo propio padre y hermano desmintieron en juicio. Sin embargo, la jueza Heredia prefirió ignorar las decenas de testimonios que desacreditaban a Monsalve y, en cambio, le otorgó plena credibilidad, sin importar su evidente motivación para acogerse a beneficios judiciales bajo la JEP.
Además, se dio validez a interceptaciones telefónicas que —como se comprobó— no estaban dirigidas al expresidente, pero que fueron mantenidas de forma deliberada, con justificaciones inverosímiles, como una supuesta “confusión en la línea”. Para rematar, la Fiscalía presentó grabaciones clandestinas obtenidas con relojes espía en las cárceles, videos manipulados y con evidentes fallas en la cadena de custodia, lo que en cualquier otro juicio serio habría sido causal de nulidad.
Una jueza acelerada y un fallo escrito con prejuicio
El juicio contra Uribe se llevó a cabo en un tiempo récord de 67 días, durante los cuales la jueza prácticamente abandonó el resto de sus casos. El fallo de 1.114 páginas fue divulgado públicamente apenas horas antes de concluir la audiencia, lo que hace evidente que su decisión ya estaba tomada con antelación. ¿Justicia o teatro procesal?
Además, en su argumentación, la jueza sugiere que Uribe podría “fugarse del país” por su reconocimiento internacional, una acusación sin fundamento que raya en lo absurdo y que busca sembrar la idea de que el expresidente es un peligro público.
Cadena, el chivo expiatorio
Una parte clave del fallo es la condena indirecta a Uribe por los actos del abogado Diego Cadena, quien —según el expresidente— actuó de forma autónoma, sin órdenes ni coordinación con él. Las pruebas presentadas demuestran que Uribe pidió, de forma reiterada, que los testigos dijeran la verdad. Aun así, la jueza fabricó una narrativa donde Cadena es presentado como el operador de un supuesto plan criminal, mientras Uribe es retratado como el “cerebro”, sin que exista una sola prueba directa que lo comprometa.
Un fallo que consagra la impunidad para los enemigos de la democracia
Resulta paradójico que, mientras se persigue judicialmente al hombre que derrotó a las FARC y recuperó el control del país, se premia con total impunidad a quienes han hecho carrera defendiendo al terrorismo. Iván Cepeda, el gran beneficiario político del proceso, nunca entregó las grabaciones completas de sus conversaciones con Monsalve, a pesar de estar obligado a hacerlo. La justicia, una vez más, miró para otro lado.
La voz de Uribe: “Este no es un fallo, es una retaliación política”
Durante más de dos horas, el expresidente desmontó uno a uno los argumentos del fallo, dejó claro que jamás autorizó sobornos y denunció el carácter político del proceso: “Es una decisión tomada por sectores que hace cinco años me encarcelaron, con la complicidad del presidente Petro y su ministro de Justicia”. También protestó por el trato injusto contra su familia, defendió su actuación y denunció que el fallo “pone a los bandidos como héroes”.
La batalla continúa
Uribe apelará la decisión el próximo 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá. La esperanza de millones de colombianos es que en esta segunda instancia prevalezca la verdad sobre el sesgo, y el derecho sobre la ideología. La condena no solo busca silenciar al líder más importante de la derecha colombiana, sino sembrar un mensaje de miedo a quienes se atrevan a contrariar al actual régimen.
Porque cuando la justicia se convierte en arma política, lo que está en juego no es solo el destino de un hombre, sino el futuro de la democracia.
