Este viernes 1° de agosto, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y ordenó su detención domiciliaria inmediata, pese a que Uribe ha demostrado disposición permanente a comparecer ante la justicia.
“Puede evadir la justicia saliendo del país”: la justificación que pone en duda el equilibrio judicial
En su fallo de 1.114 páginas, la jueza Sandra Heredia sostuvo que la privación de libertad del expresidente era “necesaria” debido a sus recursos económicos y reconocimiento público, sugiriendo que podría abandonar el país, a pesar de que Uribe ha asistido voluntariamente a todas las diligencias judiciales, incluso sin estar obligado a ello.
Con esto, el sistema judicial colombiano envía un mensaje paradójico: mientras los máximos responsables de crímenes atroces —como los excomandantes de las FARC— gozan de libertad, cargos públicos y beneficios especiales sin cumplir penas reales, el expresidente que lideró la política de seguridad democrática es privado de su libertad por presuntamente mandar a verificar testigos.
Una condena política disfrazada de fallo judicial
La jueza argumentó que la medida busca evitar una “percepción negativa de impunidad” en la sociedad. Sin embargo, lo que millones de colombianos perciben es una justicia instrumentalizada, que reserva su severidad para quienes se enfrentan al actual establecimiento político y deja pasar de largo las deudas de sangre de actores como Iván Márquez o Pastor Alape.
Incluso el periodista Felipe Zuleta —conocido contradictor de Uribe— lo expresó con claridad:
“Si esto no es persecución, no sé qué lo sea.”
La estrategia del miedo y la judicialización del adversario
El fallo no solo impone la pena de cárcel domiciliaria, sino que también inhabilita al expresidente para ocupar cargos públicos por ocho años y le impone una multa superior a 3.200 millones de pesos. Una decisión que muchos interpretan como una estrategia para eliminar políticamente a quien representa un sector firme y opositor en Colombia.
La pregunta que queda en el aire es:
¿Qué clase de democracia calla a sus opositores mientras premia a quienes atentaron contra la vida, la libertad y la Constitución?
