Se tomó una decisión de política pública trascendental con efectos reales en la vida de cientos de miles de jóvenes, sus familias y comunidades: tendrán un contrato de aprendizaje laboral, robusto y dignificado. Así lo explica el director de la entidad.
Cuando se habla de la reforma laboral, no siempre se reconoce con suficiente claridad el valor estructural de una de sus apuestas más transformadoras: redignificar el contrato de aprendizaje. No se trató de un ajuste menor ni de una concesión simbólica. Es una decisión de política pública trascendental con efectos reales en la vida de cientos de miles de jóvenes, sus familias, comunidades, en la sostenibilidad de la formación técnica y tecnológica, y en la equidad del país
El contrato de aprendizaje no es una dádiva ni un acto de generosidad: es la expresión de una obligación constitucional, consagrada en el artículo 54, que impone al Estado y a los empleadores el deber de ofrecer formación profesional y técnica. El SENA representa el cumplimiento de ese deber por parte del Estado, con más de 3,2 billones de pesos invertidos anualmente, que permiten ofrecer un millón de cupos de formación titulada gratuita y de calidad cada año.
Del lado del sector privado, el cumplimiento se materializa en la cuota de aprendizaje: una empresa con más de 15 empleados debe contratar al menos un aprendiz por cada 20 trabajadores. Si decide no hacerlo, debe pagar un monto denominado monetización. Este sistema es la base de una corresponsabilidad virtuosa entre lo público y lo privado, que ha caracterizado el sistema de formación para el trabajo de nuestro país. Gracias a ello, Colombia ha construido un modelo de formación que busca dar las garantías para que los aprendices puedan permanecer en sus procesos formativos.
