La ley que mete en cintura a las firmas encuestadoras fue aprobada por el Senado y la Cámara. Las firmas que realizan sondeos de opinión dicen que no las consultaron ni las tuvieron en cuenta.
El presidente Gustavo Petro tiene sobre su escritorio una ley aprobada por la Cámara y el Senado que mete en cintura a las firmas encuestadoras en el país porque las restringe, les cambia la regla de juego, les hace más exigencias y las limita a la hora de publicar algunos de sus resultados.
Esta ley, que fue radicada en octubre de 2024, fue aprobada por el Senado y la Cámara, y las firmas encuestadoras coinciden en que no fueron consultadas y hay conceptos gaseosos, se incurre en ambigüedades y hasta desconocimiento del tema. La iniciativa la lideraron senadoras de todas las vertientes políticas, entre ellas, Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Clara López, del Pacto Histórico.
Uno de los temas más polémicos es que las empresas encuestadoras podrán medir el termómetro político solo hasta tres meses antes de la inscripción de sus candidatos presidenciales. Es decir, si el presidente Gustavo Petro sanciona la ley la semana entrante, las encuestas en que se pregunte por quién quiere votar a la Presidencia quedarán prohibidas hasta la última semana de octubre porque la inscripción empieza el 31 de diciembre de 2026.
Esta decisión —a juicio de las firmas que miden el pulso político— es perjudicial para los colombianos porque les restringirán la información y en este caso la campaña presidencial se adelantará casi a ciegas. Lo preocupante es que hay partidos políticos que están midiendo cada mes a sus candidatos para determinar su comportamiento frente al electorado.
