La exmagistrada del Consejo de Estado Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez ha sido contratada por la Gobernación de Casanare para blindar jurídica, fiscal y disciplinariamente la administración de César Ortiz Zorro. Su llegada no pasa desapercibida: se trata de una figura de alto perfil en la justicia contenciosa-administrativa del país, con experiencia en fallos de amplio eco político.
A través del contrato 1501 del 3 de junio de 2025, Bermúdez fue vinculada como asesora externa del despacho del Gobernador y la Secretaría Privada. Su misión: emitir conceptos y asesorar en “temas de especial complejidad”, según el objeto contractual. En la práctica, esto podría implicar desde el análisis de demandas, hasta el diseño de estrategias jurídicas para contrarrestar decisiones judiciales o de control fiscal que afecten la agenda del actual gobierno departamental.
Un perfil de peso pesado
Lucy Bermúdez fue magistrada y presidenta de la Sección Quinta (Sala Electoral) del Consejo de Estado, además de presidir toda la corporación en los años 2015 y 2016. Su trayectoria incluye más de 36 años en la rama judicial y el derecho administrativo, especialmente en temas electorales, contractuales y disciplinarios.
Entre los fallos emblemáticos que tuvo a cargo como ponente figura el caso del fraude contra el partido MIRA, donde el Consejo de Estado anuló resultados adulterados y restituyó curules parlamentarias tras demostrarse la manipulación del software electoral de la Registraduría.
Bermúdez y Casanare: una historia previa
El nombre de la exmagistrada no es ajeno a la política casanareña. Fue quien anuló la elección de Doris Bernal como directora de Corporinoquia en 2019, en medio de un proceso que sacudió el panorama ambiental y administrativo de la región.
También fue ponente en la negativa a una demanda de nulidad contra el entonces gobernador Salomón Sanabria (2020-2023) y hizo parte de la sala que confirmó la elección de César Ortiz Zorro como representante a la Cámara para el periodo 2018–2022, frente a otra demanda electoral.
En fechas más recientes, Bermúdez representó jurídicamente al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en una demanda de nulidad electoral.
En contexto: tensiones con la Asamblea
La contratación se produce en medio de un fuerte pulso entre la Gobernación y la Asamblea Departamental, luego del hundimiento del proyecto de ordenanza 006, que buscaba autorizar el uso de un superávit fiscal de 131 mil millones de pesos.
Mientras que la Gobernación alega cumplimiento normativo, varios diputados alegaron un tecnicismo jurídico en la radicación del proyecto, lo que impidió su aprobación. El episodio tensó aún más la relación entre ambos poderes, y generó preocupación por el futuro de varios programas clave del Plan de Desarrollo “Oportunidades para Casanare”.
La presencia de Bermúdez podría ser interpretada como una señal de que el Gobernador se prepara para nuevos combates jurídicos y políticos: tanto para defender su agenda frente a órganos de control como para proteger su imagen y legitimidad institucional en escenarios judiciales y disciplinarios.
