Mientras la violencia no cesa en las regiones y la ciudadanía clama por seguridad y justicia, el Gobierno nacional sigue apostando por una paz negociada a toda costa, incluso si eso implica conceder privilegios jurídicos a estructuras armadas responsables de múltiples crímenes.
En el más reciente ciclo de negociaciones con la disidencia de las Farc conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Ejecutivo acordó la creación de zonas de ubicación temporal en zonas rurales de Nariño y Putumayo, donde se concentrarán 120 combatientes activos de este grupo.
La medida, anunciada tras el quinto ciclo de diálogos realizado en Tumaco, contempla que estos integrantes inicien un proceso de “capacitación integral” hacia su incorporación a la vida civil. A cambio, el Estado les garantiza seguridad jurídica, acompañamiento logístico y suspensión de operaciones ofensivas en su contra.
Lo más preocupante es que no hay evidencia pública de entregas efectivas de armas, reparación a víctimas o compromisos de desmonte de economías ilícitas, aspectos esenciales para que cualquier proceso de paz tenga legitimidad ante la ciudadanía.
Además, la CNEB ha aceptado realizar desminado humanitario “de forma coordinada” con la Fuerza Pública, lo cual genera serias dudas:
¿Cómo puede ser garante de seguridad un grupo que hasta hace poco sembraba minas?
¿Dónde queda el monopolio legítimo de las armas del Estado?
Esta decisión se suma a la polémica zona de ubicación otorgada al frente 33 del Estado Mayor Central en Tibú, donde el gobierno también suspendió órdenes de captura, incluso con fines de extradición, en lo que para muchos sectores constituye un “premio al terrorismo”.
Para sectores críticos, estos acuerdos representan un grave retroceso institucional, pues envían un mensaje de debilidad del Estado, legitiman estructuras armadas que siguen en actividad delictiva y profundizan la percepción de impunidad.
Mientras tanto, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación, y los colombianos comunes —especialmente en regiones rurales— continúan sufriendo la presencia y control de grupos armados.
“La paz no se logra arrodillando al Estado ante estructuras criminales, sino defendiendo la ley, protegiendo a los ciudadanos y castigando a quienes atentan contra la nación”, sentenció recientemente un analista de seguridad nacional.
El próximo ciclo de negociaciones con la CNEB está previsto nuevamente en Nariño, aunque no se ha anunciado fecha. En contraste, el silencio gubernamental sobre exigencias claras de desarme y justicia alimenta el escepticismo creciente sobre el verdadero alcance de esta “paz total”.
