A menos de dos semanas del cierre del plazo legal para que los funcionarios públicos renuncien si desean aspirar a cargos de elección en 2026, la eventual candidatura presidencial de Carlos Amaya, actual gobernador de Boyacá, ha generado fuertes tensiones dentro de su propio partido, la Alianza Verde, y ha dejado en evidencia el desorden que reina tanto al interior de esa colectividad como en el bloque petrista.
Según fuentes cercanas a Palacio, Amaya contaría con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, un gesto que, aunque no sorprende viniendo de un mandatario que ha hecho política con preferidos y señalados, sí incomoda profundamente a los sectores moderados de la Alianza Verde. De materializarse su renuncia antes del 31 de mayo, Amaya quedaría habilitado para lanzarse a la carrera por la Casa de Nariño, aunque sobre su aspiración pesan dudas jurídicas por haber sido elegido para un cargo de elección popular en el periodo inmediatamente anterior, lo que podría inhabilitarlo legalmente.
Pero más allá de lo jurídico, el problema político es aún más grave: dentro del partido no quieren cargar con el peso de hacerle campaña al “candidato de Petro”. Figuras como Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Angélica Lozano —quien aunque ya no milita formalmente, sigue siendo una figura clave para varios congresistas verdes— han mostrado abierta distancia frente al proyecto político del actual gobierno. Respaldar a Amaya significaría, en los hechos, alinearse con el petrismo, una posición que muchos dentro del partido consideran inaceptable.
Además, existe el riesgo real de que, si Amaya permanece en el partido y se lanza con el guiño del presidente, sus copartidarios quedarían obligados a apoyarlo, so pena de incurrir en doble militancia, algo que ya ha cobrado la curul de varios legisladores durante este periodo.
En medio de este panorama, la Alianza Verde sigue sin resolver su línea ideológica ni sus apuestas electorales, mientras la figura de Amaya crece al calor del favor presidencial. Claudia López, con aspiraciones propias para el 2026, sería una de las más afectadas por la decisión de Amaya. El exgobernador se convertiría, de facto, en un competidor directo, minando cualquier posibilidad de una candidatura independiente desde el centro.
Para completar el cuadro de crisis, el partido verde también enfrenta escándalos internos como el de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hoy vinculado a denuncias por corrupción, y otro de los protagonistas en la caótica relación entre los verdes y el Gobierno.
En resumen, la posible salida de Amaya de la Gobernación de Boyacá no solo abre un nuevo capítulo de confrontación dentro de la Alianza Verde, sino que confirma la estrategia del petrismo de infiltrar partidos aliados para consolidar su dominio electoral, pese a su evidente desgaste político.
¿Está el país listo para un nuevo candidato moldeado a imagen del presidente Petro? ¿Y está la Alianza Verde dispuesta a sacrificarse en el altar del progresismo ideológico? Las respuestas, por ahora, siguen tan inciertas como el rumbo del gobierno.
