La Policía Nacional atraviesa una seria crisis presupuestal que pone en jaque su capacidad operativa en momentos en que el país enfrenta el fortalecimiento de bandas criminales, el narcotráfico y el auge del crimen organizado. El drástico recorte de recursos implementado durante el actual Gobierno ha afectado áreas sensibles como operaciones, tecnología, inteligencia y el sistema de recompensas.
Las cifras oficiales revelan una caída alarmante en los fondos destinados a las operaciones: mientras en 2022 se asignaron más de 65.000 millones de pesos, para 2025 esa cifra cayó a solo 18.000 millones, lo que representa una reducción del 72 % en tres años. Áreas estratégicas como la Dirección de Inteligencia Policial también han visto reducciones extremas, pasando de 5.000 millones en 2022 a apenas 106 millones este año para el pago de recompensas.
Uniformados han denunciado que, ante la falta de recursos, se han visto obligados a financiar con su propio dinero desplazamientos, viáticos e incluso recompensas ofrecidas por capturas clave. En palabras de un agente que pidió mantener el anonimato: “Los jefes dan las órdenes, pero somos nosotros quienes sacamos del bolsillo para que las operaciones salgan adelante”.
En tecnología, el panorama no es mejor. La inversión pasó de 71.000 millones en 2022 a 15.000 millones en 2025, justo cuando el crimen ha migrado a plataformas digitales y requiere una respuesta técnica robusta. Agentes han advertido que muchas unidades trabajan “con las uñas” frente a delitos informáticos, con recursos centralizados en Bogotá y sin insumos en las regiones.
La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Antinarcóticos también han sufrido recortes severos. Esta última, clave en la lucha contra el narcotráfico, reporta una reducción de más del 50 % en su presupuesto operativo, lo que pone en riesgo la certificación internacional de Colombia en esta materia y debilita su imagen ante socios estratégicos como Estados Unidos.
Además de las limitaciones investigativas, el día a día de los patrulleros refleja el deterioro institucional: falta de uniformes, carencia de recursos para el mantenimiento de vehículos y limitaciones en la movilidad por ausencia de convenios o combustible. En muchas zonas del país, cumplir una orden significa, literalmente, poner dinero propio.
Desde el Gobierno se ha argumentado que la reducción responde a la situación fiscal general y que todas las entidades han tenido recortes. Sin embargo, expertos advierten que, en un país con los niveles de violencia y criminalidad actuales, debilitar a la fuerza pública es un error estratégico de grandes proporciones.
Gobiernos locales, como en Antioquia y Santander, han tenido que implementar impuestos como la “tasa de seguridad” para suplir los vacíos que deja la Nación. Mientras tanto, en muchas regiones, la Policía opera con recursos limitados, enfrentando a estructuras criminales cada vez más armadas, conectadas y financiadas.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo sostendrá el país la lucha contra el crimen si quienes están al frente de la batalla carecen de lo mínimo para operar?
