En varias entidades del Estado estarían obligando a sus colaboradores para participar en la jornada del 1 de mayo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que este 1 de mayo, Día del Trabajo, millones de colombianos saldrán para apoyar la consulta popular que se propuso tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.
El mandatario acudirá personalmente al Capitolio Nacional para radicar el mecanismo de participación ciudadana que necesita el aval del Senado para continuar con su trámite.
Previo a dicha radicación, se harán unas manifestaciones en varias ciudades del país que han sido convocadas por el petrismo, pero que ya están generando polémica.
Por ejemplo, en Colpensiones se les estaría obligando a los funcionarios y contratistas a asistir a la jornada de este jueves e incluso se está entregando un kit para la marcha.
Según la fotografía que fue suministrada por funcionarios de Colpensiones a SEMANA, el kit consta de una camiseta con el mensaje: “Yo apoyo la Consulta Popular”. Una gorra son el “Sí a la Consulta Popular” y un termo con el logo de esa entidad del Estado.
Según funcionarios y contratistas de Colpensiones han recibido llamadas y correos donde les dicen que tienen que participar de manera obligatoria en la marcha del 1 de mayo y que en Bogotá iniciará en el Parque Nacional.
Además, para la entrega de cada kit se está haciendo un registro con la finalidad de determinar cuáles funcionarios y contratistas sí van a participar en la jornada en donde supuestamente “el pueblo” respaldará la idea de convocar a una consulta popular por parte del Gobierno Petro.
En otras entidades del Estado la situación sería similar y también estarían obligando a los contratistas a salir a la jornada en las diferentes ciudades del país donde se adelantará la marcha.
La jornada está prevista para las 10:00 de la mañana y el presidente Gustavo Petro llegaría al Congreso de la República sobre el mediodía para presentar personalmente la consulta popular al Congreso que tendrá un máximo de 30 días para pronunciarse sobre ese mecanismo de participación y definir si se avala o no.
