Aurelio Suárez Montoya
A primera vista se trató de una sana medida de protección, pero, al desentenderse de los efectos comerciales colaterales, se desató un diluvio de camarón de contrabando.
El olor a corruptela apesta en el ICA. Son muchos matices. Es relevante la toma de ese instituto por el grupo político del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la cabeza más visible del Partido Verde de Carlos Ramón González. Un mapa de poder de esa entidad los relaciona a él y a Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, con los principales ejecutivos de esa institución. Petro se la entregó, como parcela, a quienes posan de ser “alternativos”, palabreja que disfraza las politiquerías de nuevo tipo.
Se conoce la relación directa de Amaya con Ricardo Vargas Infante, subgerente de Regulación Sanitaria; con Hugo Alveiro Rosas Romero, director técnico de Inocuidad e Insumos Agrícolas, y con Luis Gerardo Arias Rojas, subgerente de Protección Vegetal. Arias y Vargas están en el nivel burocrático superior. El primero de ellos ejerció cargos en el departamento de Boyacá, en Agricultura e Infiboyacá en estos años de hegemonía del combo de Amaya; Vargas Infante fue contratista de Talento Humano también en ese periodo y miembro de las UTL de Wilmer Leal, de 2020 a 2022, y de Carolina Espitia, senadora verde en 2022 y 2023, ambos boyacenses. Rosas Romero, por su parte, en 2017 y 2018, fue asesor en Planeación y en Fomento Agropecuario. El peor clientelismo.
El requisito de ser verde, de Amaya y de Boyacá, lo llena con creces la directora Paula Cepeda Rodríguez, quien duró encargada varios meses, y en febrero fue confirmada por la ministra Carvajalino. Fue contratista y asesora del despacho de Amaya en 2017 y 2018, secretaria general de Paipa de 2020 a 2021, asesora programática del Partido Verde y gerente de campaña de la senadora Carolina Espitia, la fórmula electoral de Salamanca, y de ahí pasó a la gerencia del ICA. Se montó una dependencia más de “los verdes con Petro”, por lo que no sería raro encontrar “recomendados” de Wilmer Castellanos o de Duvalier Sánchez. Se sabrá.
He denunciado procedimientos y decisiones en materia fitosanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la autoridad en ese campo. Lotes importados de café robusta no inspeccionados; procedimientos arbitrarios en la validación de las vacunas nacionales para fiebre aftosa, hoy sometidos a pleitos jurídicos, y la exclusión de los ingenieros agrónomos de tareas de su exclusiva competencia por convenios internacionales, mientras contratan manicuristas.
La última hazaña de este ICA fue la resolución 00009105 del 27 de julio de 2024, que fija “medidas preventivas de emergencia por la presencia del virus del síndrome de las manchas blancas en camarón y demás crustáceos crudos, sus productos y subproductos de riesgo provenientes de Ecuador con destino Colombia”. A primera vista, se trató de una sana medida de protección, pero, al desentenderse de los efectos comerciales colaterales, se desató un diluvio de camarón de contrabando.
Algunas cifras esclarecen el perjuicio creado. En Colombia se consumen 330 gramos de camarón por habitante al año y se producen en la costa Caribe, en el departamento de Bolívar, 4.435 toneladas de crudo, que equivalen al 87 por ciento de la producción nacional. Como lo comestible son las colas, el volumen efectivo es de 2.790 toneladas; sin embargo, el 92 por ciento de ellas no se queda en el mercado nacional, sino que es exportado debido a mejores precios. Por lo tanto, solo el 1,75 por ciento se sirve en platos del mercado doméstico. En consecuencia, hay una gran dependencia del importado de Ecuador, el mismo que la resolución prohibió.
¿Cómo se subsanó esta deficiencia? Con contrabando, con camarón “pitufiado” que hoy cubre entre el 68 y el 73 por ciento del consumo interior. Así lo ratifican comunicaciones gremiales de Analdex, de noviembre de 2024, y de Fenalco y de Acodrés, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, que lo previeron en cartas anteriores.
Este contrabando tiene varias formas, orígenes y puntos de ingreso. El de tipo técnico, que disfraza de “precocido” al camarón crudo, que es la única forma de importación permitida, o el abierto, de frente y sin control. Viene de Ecuador, que entra por Tumaco y Puerto Asís, y de Venezuela por Paraguachón. En esas fronteras no se incrementó ni el personal ni la vigilancia por parte del ICA, que decidió “dejar pasar”, como “Pitufo por su casa”. Mientras tanto, los consumidores sufren la carestía del producto: el kilo, que valía hace un año 36.514 pesos en la plaza de mercado, está en 46.459 pesos y los 1.500 trabajadores de la industria formal tienen sus empleos en grave riesgo.
Desconozco si se trata de otro negocio de Papá Pitufo, pero él –u otro pícaro igual– se hace a un botín ilegal con el camarón “pitufiado”. ¿Qué pueden explicar la doctora Cepeda y su plana mayor cuando se les presentan soluciones con sanidad garantizada y eficacia suficiente y no las atienden?
Aurelio Suárez Montoya
