Estados Unidos ha dado un paso significativo en su lucha contra el crimen organizado en América Latina al declarar como organizaciones terroristas globales a seis carteles mexicanos y a grupos criminales como la pandilla MS-13 y la banda venezolana Tren de Aragua. La medida, que se hará efectiva este jueves según un documento del Registro Federal, ha generado reacciones tanto en México como en el resto de la región.
Desde su campaña, el expresidente Donald Trump había prometido tomar acciones enérgicas contra los carteles de la droga y las bandas delictivas vinculadas al narcotráfico y al tráfico de personas. En cumplimiento de esa promesa, el 20 de enero firmó un decreto que formalizó el proceso para declarar como terroristas a varias de estas organizaciones, señalándolas como responsables de fabricar y traficar fentanilo, un opioide sintético que ha causado estragos en Estados Unidos.
Entre los grupos incluidos en la lista se encuentran el Cártel de Sinaloa, fundado en los años 80 por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada; el Cártel Jalisco Nueva Generación; Carteles Unidos; el Cártel del Noreste; el Cártel del Golfo, vinculado a Osiel Cárdenas Guillén; y la Nueva Familia Michoacana. Además, la lista contempla a la MS-13, una organización criminal con raíces en Los Ángeles que se ha expandido a El Salvador, Guatemala y Honduras, y al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana implicada en múltiples delitos como tráfico de drogas, secuestros, prostitución, extorsión y explotación ilegal de recursos.
El documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, justifica la designación argumentando que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. La administración Trump sostiene que los carteles dominan el tráfico ilegal a través de la frontera sur mediante tácticas de violencia extrema, incluyendo asesinatos y secuestros.
Esta medida amplía las facultades del gobierno estadounidense para combatir a estos grupos mediante sanciones, restricciones financieras y operaciones conjuntas de seguridad. No obstante, en México, la decisión ha causado preocupación debido a la posibilidad de que sea utilizada como justificación para una intervención directa en territorio mexicano, como han solicitado algunos legisladores republicanos.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que su gobierno podría ampliar la demanda que mantiene contra las armerías estadounidenses, acusándolas de negligencia en la venta de armas que terminan en manos de los carteles. “Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 74 % de las armas de los grupos delictivos proviene de ese país”, señaló Sheinbaum en una conferencia de prensa.
Trump, por su parte, ha acusado al gobierno mexicano de mantener una “alianza intolerable” con los carteles, asegurando que amplias regiones del país están bajo el control de estas organizaciones. Su administración ha intensificado su cruzada contra la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, droga que ha provocado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
A principios de febrero, el expresidente amenazó a México y Canadá con imponer aranceles del 25 % a sus exportaciones si no intensificaban sus esfuerzos para frenar estos delitos. En respuesta, el gobierno mexicano desplegó 10.000 militares a lo largo de los 3.100 kilómetros de frontera con Estados Unidos y ha reportado múltiples operativos contra el narcotráfico, lo que llevó a Trump a aplazar la implementación de las tarifas hasta inicios de marzo mientras se negocia una solución dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con esta decisión, Estados Unidos busca fortalecer su estrategia de seguridad nacional, aunque la respuesta de México y la tensión en la relación bilateral reflejan los desafíos de enfrentar al crimen organizado sin generar fricciones diplomáticas.
