SEMANA conoció con fuentes judiciales que el hijo del presidente Gustavo Petro estaría buscando la forma de salir del país para pedir asilo. Su defensa niega tener un plan de este tipo.
El caso judicial de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado un giro inesperado. Fuentes judiciales han informado que el exdiputado estaría evaluando la posibilidad de solicitar asilo político en el extranjero, en medio de la investigación que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque su defensa desmiente esta versión, el tema ha generado preocupación en la Fiscalía y en los sectores políticos del país.
Desde hace dos años, Nicolás Petro es investigado por presuntamente haber recibido dinero destinado a la campaña presidencial de su padre, para luego apropiarse de dichos recursos. Sin embargo, el proceso ha avanzado a paso lento y, en lugar de resolverse, ha tomado nuevos matices.
Esta semana, Petro solicitó que le fuera retirada la restricción de movilidad que le impide salir de Barranquilla, argumentando que necesita trabajar. Durante una audiencia reservada, su abogado Alejandro Carranza insistió en que esta petición responde únicamente a razones laborales y personales.
“No estamos pidiendo que Nicolás salga del país, no busca asilo ni evadir la justicia. Lo que buscamos es justicia y mostrar cómo se instrumentalizó la Fiscalía como arma política”, aseguró Carranza.
No obstante, fuentes judiciales han advertido que en su círculo cercano se discute la posibilidad de que el hijo del presidente busque refugio en un país sin tratado de extradición con Colombia. Según estas fuentes, la estrategia se ha manejado con absoluta discreción y la consigna es negarla públicamente.
La base de esta opción sería la misma que Nicolás Petro ha sostenido desde que decidió retractarse de su confesión inicial: que es víctima de una persecución política para afectar a su padre, el presidente Gustavo Petro. En este sentido, ya ha tomado acciones concretas, como la denuncia que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando un “abuso de poder punitivo” en su contra.
En su momento, Nicolás Petro también afirmó que su libertad había sido condicionada a que declarara sobre las irregularidades en la campaña de su padre. Esto incluyó el testimonio en el que reconoció que recibió dinero no reportado del empresario Euclides Torres, versión que luego cambió.
Más investigaciones y posibles nuevos delitos
El caso podría complicarse aún más para Nicolás Petro. La Fiscalía sigue otras líneas de investigación que podrían derivar en nuevos cargos, como peculado por apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Estas posibles nuevas imputaciones refuerzan el temor de que el hijo del mandatario intente salir del país para evitar un proceso judicial más complejo.
Ante la información sobre un posible plan de asilo, el abogado Alejandro Carranza reiteró que su cliente no busca evadir la justicia, sino obtener condiciones más justas dentro del proceso.
“La razón por la que pedimos que se levante la restricción de movilidad es que Nicolás no puede encontrar empleo en Barranquilla y enfrenta amenazas constantes debido a las filtraciones de la Fiscalía sobre detalles del caso”, explicó Carranza.
El debate está servido. Mientras la defensa de Nicolás Petro asegura que solo busca garantías procesales, la Fiscalía y fuentes judiciales ven con recelo sus movimientos. La próxima semana se reanudarán las audiencias de un caso que, tras dos años, ha tenido más cambios de estrategia que avances concretos en la justicia.
