El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles 29 de enero la Ley Laken Riley en la Casa Blanca, una legislación impulsada por el Partido Republicano que exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos.
El mandatario firmó la legislación en presencia de la familia Riley.
El Senado aprobó el proyecto de ley a principios de la semana pasada y la Cámara de Representantes hizo lo mismo el miércoles, aprobando la ley con 263 votos a favor y 156 en contra, con 46 demócratas votando a favor.
La legislación lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado que había sido detenido y puesto en libertad en múltiples ocasiones. La condena de su asesinato —y de las políticas de inmigración de Biden que, según los republicanos, lo causaron— ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de Donald Trump y también en las de los republicanos con menos votos.
¿De qué trata la Ley Laken Riley?
La Ley Laken Riley anularía precedentes de la Corte Suprema de EE.UU. y dará a estados como Texas la capacidad de presentar los tipos de demandas de inmigración contra el Gobierno federal que han sido rechazadas por los tribunales, incluidos los jueces conservadores, dicen expertos legales.
Esta ley iría más allá, pues daría a los fiscales generales de los estados múltiples formas de intervenir en la forma en que el Gobierno federal aplica la ley de inmigración.
Lo anterior quiere decir que los estados podrían interponer demandas cuando consideren que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está aplicando en toda su extensión los mandatos de la ley que obliga a detener a determinados migrantes.
Asimismo, los estados también podrían interponer demandas federales contra las decisiones del DHS o de los jueces de inmigración de poner en libertad a inmigrantes detenidos por presuntos delitos en sus entidades.
Las nuevas facultades legales solo se ejercerían en un sentido. Es decir, los estados podrían demandar al Gobierno federal por decidir poner en libertad a un inmigrante indocumentado bajo custodia, pero no autoriza demandas estatales para cuando una persona esté presuntamente detenida ilegalmente.
Los fiscales generales estatales también podrían solicitar órdenes judiciales federales para obligar al Departamento de Estado de EE.UU. a dejar de expedir visados a personas de un país que se niegue a aceptar a nacionales susceptibles de ser deportados.
Según Aaron Reichlin-Melnick, miembro del American Immigration Council, una disposición de este tipo permitiría, por ejemplo, al fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitar la prohibición de todos los visados para trabajadores cualificados procedentes de China o el fin de todo el turismo de negocios procedente de la India, porque esos países se niegan a repatriar a sus ciudadanos.
Detención de inmigrantes
Las partes de la ley que obligarían a detener a los inmigrantes acusados de determinados delitos son de los puntos que más han llamado la atención.
Entre los nuevos delitos por los que un inmigrante podría ser objeto de detención obligatoria en virtud de la Ley Laken Riley, figuran los delitos no violentos, como el hurto y el robo.
El Senado adoptó enmiendas para ampliar la lista de delitos cubiertos por el proyecto de ley para incluir agresiones a agentes del orden y delitos que resulten en muerte o lesiones corporales graves.
Los críticos afirman que estas medidas desviarán recursos para la detención de delincuentes violentos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
¿Por qué se quiere dar más poder a los estados para la aplicación de la ley de inmigración?
Los artífices de la ley buscan nuevos mecanismos que “den a los estados alguna forma de defenderse o de desafiar a un presidente que decide no hacer cumplir la ley”, dijo Jessica Vaughan, directora de Estudios Políticos del Centro de Estudios de Inmigración, que está a favor de políticas de inmigración más estrictas.
“Los estados intentaron numerosos tipos de demandas para que los tribunales obligaran al Gobierno de Biden a cumplir con sus responsabilidades de hacer cumplir la ley, y no tuvieron mucho éxito”, agregó Vaughan.
En 2023, por ejemplo, la Corte Suprema dictaminó que Texas y Louisiana carecían de legitimación para impugnar los cambios introducidos por el Gobierno de Joe Biden en las prioridades de deportación de la administración. La política de Biden favorecía la deportación de inmigrantes que constituían una amenaza para la seguridad nacional o eran delincuentes violentos frente a los acusados de delitos menos graves.
La ley Laken Riley anula ese precedente al otorgar a los estados legitimación para demandar esos cambios en la política de Seguridad Nacional.
También se les permitiría impugnar ante los tribunales federales las decisiones de los jueces de inmigración -que dependen del secretario de Justicia y del Departamento de Justicia- de poner en libertad a inmigrantes concretos.
Posiciones en contra y a favor de la ley
Dar a los estados nuevas facultades para demandar se está convirtiendo en un punto álgido para algunos demócratas, que quieren cambios antes de la votación final.
“No creo que queramos que todo el sistema de inmigración esté siendo litigado en tribunales de distrito de todo el país”, dijo a la prensa este mes el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut.
En cuanto al punto de los visados, “podría permitir que un solo juez de distrito desencadenara un incidente internacional importante con ramificaciones potencialmente radicales para la economía estadounidense y para la inmigración en general”, explicó Reichlin-Melnick. del American Immigration Council, en una reciente llamada con periodistas.
“No hay razón para que el Congreso autorice a los fiscales generales de los estados a decidir a quién sancionamos como nación”, agregó.
En tanto, los defensores de la medida dicen que las disposiciones son necesarias después de que Biden y las administraciones anteriores se negaran a utilizar todas las herramientas que el Congreso ha dado al Poder Ejecutivo para tomar medidas enérgicas contra los delitos cometidos por los inmigrantes.
