La Contraloría General de la Nación alertó nuevamente sobre el riesgo de racionamientos de energía en el país, una problemática que se agrava por las millonarias deudas acumuladas por subsidios y las dificultades financieras de las empresas distribuidoras de energía. Según el órgano de control, el panorama actual amenaza con afectar a los hogares más vulnerables, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, que dependen de estos subsidios para acceder a los servicios públicos.
El ente de control reveló que las deudas relacionadas con subsidios de energía eléctrica ascienden a 2,7 billones de pesos, mientras que la opción tarifaria suma 3,3 billones. Adicionalmente, se registra una deuda de un billón de pesos por parte de usuarios oficiales, y para el servicio de gas natural se deben 628.000 millones al cierre de 2024. En total, las obligaciones alcanzan los 7 billones de pesos, una cifra alarmante que pone en riesgo la estabilidad del sector energético.
“Estos recursos representan anualmente el 60% de los ingresos necesarios y la deuda sigue creciendo trimestre tras trimestre, reduciendo la liquidez de las empresas prestadoras de servicios”, advirtió la Contraloría. Además, el organismo subrayó que esta situación podría derivar en el desmonte de subsidios, lo que aumentaría las tarifas para los hogares de bajos ingresos.
Uno de los puntos críticos mencionados por la Contraloría es que, si no se giran los recursos necesarios, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 podrían enfrentar un aumento significativo en sus facturas. Por ejemplo, una familia que actualmente paga $30.000 por el servicio de gas tendría que desembolsar cerca de $58.000 si se eliminan los subsidios.
La situación también afecta a las empresas de servicios públicos con participación estatal, cuyo patrimonio podría verse comprometido ante la falta de liquidez. “Es fundamental garantizar la prestación de los servicios públicos y prevenir un apagón que generaría graves consecuencias económicas y sociales”, señaló el ente fiscalizador.
La Contraloría también recordó que el proyecto de Ley de Financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios con las empresas comercializadoras. Sin embargo, tras el archivo del proyecto, no existen mecanismos claros para cubrir esta deuda, que solo en opción tarifaria asciende a 3 billones de pesos.
Ante este panorama, el Contralor General convocará mesas de trabajo con los ministerios de Minas y Energía y Hacienda, así como con la Procuraduría General de la Nación y los gremios del sector minero energético. Estas reuniones buscarán encontrar soluciones concretas que permitan mitigar los riesgos y garantizar la estabilidad del servicio para los ciudadanos.
Finalmente, la Contraloría instó al gobierno a tomar medidas inmediatas para cumplir con el pago de subsidios, solucionar los problemas de abastecimiento energético y generar confianza en los inversionistas públicos y privados. Sin acciones concretas, el riesgo de apagón y el aumento de tarifas seguirán siendo una amenaza latente para millones de familias colombianas.
