La Corte Suprema de Justicia ha avanzado significativamente en una investigación que compromete a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según un informe detallado de la Sala de Instrucción de la Corte, de más de 200 páginas, los legisladores habrían facilitado el otorgamiento de millonarios contratos a cambio de respaldar empréstitos del gobierno con entidades internacionales. Este informe incluye rastreos financieros, análisis de cuentas bancarias, movimientos económicos, vínculos en redes sociales y relaciones políticas que comprometen tanto a los congresistas como a su círculo cercano.
Congresistas investigados y transacciones sospechosas
El informe apunta a los congresistas Julio Elías Chagüi, Liliana Ester Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Entre los hallazgos más comprometedores destacan transacciones financieras sospechosas realizadas entre los parlamentarios y miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
Por ejemplo, Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, registró 22 transacciones que ascienden a 289 millones de pesos entre enero de 2023 y julio de 2024, superando con creces los ingresos que deberían percibir. Asimismo, el representante Julián Peinado recibió un depósito por 400 millones de pesos de una persona vinculada a empresas beneficiadas por contratos de la UNGRD.
Contratistas beneficiados y relaciones políticas
La investigación también pone en evidencia un «carrusel de contratistas» beneficiados por los congresistas en municipios como Carmen de Bolívar, Bolívar; Cotorra, Córdoba; y Saravena, Arauca. Estas contrataciones fueron realizadas sin la supervisión habitual, aprovechando que la UNGRD no está sujeta a la Ley de Contratación Pública debido a la naturaleza de emergencia de sus operaciones.
Uno de los casos señalados es el de Karen Manrique, quien habría facilitado contratos para el alquiler de maquinaria amarilla a un contratista identificado como “John Fredy”. De manera similar, en Córdoba, se rastrearon contratos asignados a través de la Asociación de Municipios del Sinú (Asosinú), con montos que ascienden a 2.500 millones de pesos.
En Saravena, se identificaron contratistas como «Camilo Ernesto», quien habría operado mediante diferentes personerías jurídicas, como el Consorcio CRA 33 Yopal y la Unión Temporal Macondo, todas vinculadas al escándalo de la UNGRD.
Implicaciones políticas y familiares
La investigación también menciona al exrepresentante Juan Diego Muñoz y al expresidente del Congreso Iván Name, cuyos familiares están vinculados al escándalo. Iván Leónidas Name Ramírez, hijo del expresidente, era miembro de la UTL de uno de los congresistas investigados al momento del escándalo.
A pesar de guardar silencio ante la Corte Suprema, los congresistas involucrados han declarado públicamente su inocencia. Sin embargo, las pruebas reunidas, incluyendo el cruce de datos financieros y testimonios de contratistas, refuerzan las acusaciones en su contra.
El informe completo está ahora en manos del magistrado Misael Rodríguez, quien lidera el caso. Las revelaciones han puesto contra las cuerdas a los implicados, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial que podría llevar a graves sanciones.
