El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se ha convertido en una pieza clave en las investigaciones sobre corrupción que afectan a la entidad. En su declaración ante la Corte Suprema, López acusó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de estar involucrado en un intento por comprar votos en la Comisión Primera del Senado para aprobar reformas del Gobierno.
López detalló que Velasco le confesó su participación en un plan de negociación que incluía un pago millonario a los congresistas, buscando asegurar su apoyo a la reforma a la salud. Según el testimonio, Velasco mencionó que se estaban gestionando 80.000 millones de pesos para los congresistas, comenzando con una oferta de 35.000 millones. Esta revelación se suma a una serie de testimonios que apuntan a una red de corrupción en el Congreso, que involucraría tanto a congresistas como a funcionarios del Gobierno.
En el interrogatorio de más de nueve horas ante el magistrado Francisco Farfán, Olmedo López también habló sobre el papel del senador Julio Elías Chagüi, quien estaría involucrado en la trama. Según López, Chagüi fue el encargado de negociar con los congresistas para obtener contratos de la UNGRD e Invías a cambio de apoyo legislativo.
La investigación también involucra a otros personajes políticos, como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, quienes según López, recibieron órdenes de comprar votos utilizando recursos de la UNGRD. El caso apunta a un presunto soborno de hasta 70.000 millones de pesos, destinados a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
Además, la investigación ha puesto en el radar a familiares de los involucrados. María Clara Name, hija de Iván Name, y Gabriel y Enrique Calle, familiares de Andrés Calle, habrían sido beneficiados de estos sobornos, según las denuncias de los exdirectivos de la UNGRD. María Clara Name es actualmente concejal de Bogotá, mientras que Gabriel Calle es alcalde de Montelíbano, Córdoba.
López también reveló que no cuestionó las órdenes dadas por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, debido a la relación política que ambos compartían desde su tiempo en el M-19. González, según López, habría sido el encargado de coordinar las decisiones dentro de este esquema de corrupción.
Con estas acusaciones, la investigación avanza en un caso que involucra a altas figuras del poder político en Colombia, dejando al descubierto una red de sobornos y corrupción que podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país.
