Explosiva revelación ante la Corte Suprema: funcionaria detalla el mecanismo para asegurar votos y respaldo al Gobierno.
En una declaración que podría abrir un nuevo capítulo en el escándalo de presunta compra de favores entre el Gobierno y el Congreso, Andrea Ramírez, funcionaria del Ministerio de Hacienda, reveló la existencia de un método interno para favorecer a los congresistas con proyectos regionales a cambio de su apoyo político. La información fue entregada al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, el pasado 6 de diciembre.
Según Ramírez, estos proyectos estaban organizados en una «matriz» contenida en una USB, clave en las transacciones políticas. La memoria fue entregada por María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también ha sido señalada por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como el nexo entre esa entidad y el Ministerio.
Las revelaciones, publicadas en exclusiva por SEMANA, refuerzan las sospechas sobre el desvío de recursos del Gobierno hacia proyectos promovidos por congresistas a cambio de su respaldo a iniciativas prioritarias de la administración Petro. Estas declaraciones se suman a las realizadas anteriormente por López y Sneyder Pinilla, su subdirector en la UNGRD, quienes también apuntaron a la presunta manipulación de recursos para asegurar apoyos políticos.
El rol de Benavides y la operación interna
Andrea Ramírez, quien estaba de licencia de maternidad durante parte de este periodo, señaló que dejó a Benavides un listado de proyectos de infraestructura vial solicitados por congresistas. “En el Ministerio, los congresistas usualmente me consultan sobre el estado de proyectos de inversión regional. La mayoría de estas solicitudes provienen de las comisiones económicas”, explicó.
Ramírez también aseguró que el ministro Ricardo Bonilla no solo estaba al tanto de estos intercambios, sino que jugaba un papel activo en la gestión de los proyectos ante otras carteras. “Incluyo los proyectos en una matriz porque los congresistas de las comisiones económicas, con quienes tenemos relación directa, son quienes más frecuentemente nos consultan sobre estas iniciativas”, afirmó.
En su relato, detalló cómo los congresistas solicitaban información o buscaban priorizar proyectos específicos, como acueductos o iniciativas agrícolas, a través del Ministerio de Hacienda. Incluso se gestionaban consultas con otras entidades para confirmar si estos proyectos estaban aprobados o viabilizados.
El escándalo de la UNGRD y sus implicaciones
Al regresar de su licencia, Ramírez se enteró de que los congresistas también habían solicitado información sobre proyectos de inversión gestionados por la UNGRD. Según comentó, Benavides le informó que varios funcionarios de la Unidad ya no estaban debido a un escándalo que involucraba estas transacciones.
Las revelaciones de Andrea Ramírez ponen de manifiesto un complejo entramado de presuntas negociaciones políticas y desvío de recursos que involucra a altos funcionarios del Gobierno y al Congreso. La investigación continúa, y se espera que la justicia determine el alcance de estas prácticas en la administración Petro.
