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Gobierno Petro interviene la Cooperativa Coosalud por presuntas irregularidades y posible lavado de activos


La Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria anunciaron este jueves la intervención de la Cooperativa Coosalud por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sector salud. Según los hallazgos iniciales, existen indicios de triangulación de fondos y posibles operaciones que podrían configurar lavado de activos.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, detalló que uno de los principales hallazgos fue la realización de un préstamo por 10.000 millones de pesos desde Coosalud EPS hacia Coosalud Inversa S.A. para la adquisición de un inmueble. Este bien posteriormente fue arrendado por Coosalud Inversa a la EPS por un valor mensual de 1.000 millones de pesos, lo que ha despertado serias dudas sobre el manejo de los recursos.

Deudas millonarias y riesgos financieros

Rubiano también señaló que Coosalud EPS registra deudas acumuladas por 433.000 millones de pesos. Este monto incluye 206.000 millones anunciados previamente, junto con un crédito adicional por 221.000 millones en el que la EPS actuó como garante. Además, Coosalud Inversa enfrenta cuentas por pagar a la EPS por 229.759 millones de pesos, incluyendo préstamos destinados a cubrir cuotas de crédito y a la compra del inmueble mencionado.

La Superintendencia de Economía Solidaria, por su parte, reveló posibles casos de lavado de activos. Según la superintendente María José Navarro, en 2023 se identificaron más de 3.000 millones de pesos en consignaciones no justificadas en las cuentas de la Cooperativa Coosalud. Además, se detectaron inconsistencias en la implementación de políticas y sistemas de prevención de lavado de activos.

Movimientos sospechosos y alertas encendidas

Las superintendencias advirtieron sobre movimientos financieros entre la EPS, la cooperativa y empresas privadas, autorizados presuntamente por Jaime González Montaño, quien recientemente ocupaba la presidencia de Coosalud. Las irregularidades incluyen diferencias significativas en la información reportada a las entidades de control, como una discrepancia de casi el 50 % en la participación accionaria de la cooperativa declarada ante la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria.

“Estos recursos son del sector salud y deben ser destinados exclusivamente para la atención de los usuarios y pacientes”, enfatizó Rubiano, quien calificó esta intervención como un nuevo capítulo en las investigaciones sobre Coosalud.

Las autoridades continuarán profundizando en el análisis de las finanzas de la EPS y sus filiales, con el objetivo de esclarecer el destino de los recursos y garantizar la transparencia en su manejo.

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