La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desestimó la solicitud presentada por el presidente Gustavo Petro, quien buscaba protección ante la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes en la financiación de su campaña presidencial en 2022. La decisión, emitida en noviembre y conocida el 19 de diciembre, declaró improcedente la petición del mandatario, exhortándolo a resolver el asunto en instancias internas.
En su resolución, el tribunal internacional con sede en Costa Rica indicó que el caso presentado por la defensa de Petro no guarda relación con las garantías de no repetición derivadas del fallo de 2020, cuando la Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la destitución del presidente como alcalde de Bogotá en 2013.
Argumentos de la Corte IDH
La Corte subrayó que la investigación del CNE es de carácter administrativo y no tiene la capacidad de inhabilitar derechos políticos del jefe de Estado. Además, determinó que las circunstancias actuales son distintas a las del caso resuelto en 2020, donde sí se vulneraron los derechos políticos de Petro.
«De la información aportada, no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir derechos políticos de un funcionario electo popularmente», destacó la Corte en su pronunciamiento. Por lo tanto, el tribunal concluyó que la solicitud de medidas provisionales no es procedente.
Petro y la tesis del “golpe blando”
El presidente Gustavo Petro ha manifestado en diversas ocasiones que la investigación adelantada por el CNE constituye un intento de desestabilización política, calificándola como un “golpe blando”. El mandatario sostiene que el proceso afecta sus garantías judiciales y sus derechos políticos, motivo por el cual buscó amparo en la Corte IDH.
Sin embargo, el tribunal internacional dejó claro que la investigación debe seguir su curso dentro de las instituciones colombianas. De acuerdo con el cronograma del CNE, el caso se resolverá para julio de 2025, cuando los magistrados emitan un fallo definitivo.
Con este pronunciamiento, la Corte IDH reafirma la competencia de los órganos nacionales para dirimir controversias administrativas, dejando en manos del CNE la responsabilidad de determinar si hubo o no irregularidades en la financiación de la campaña de Petro.
