En un gesto que busca salvaguardar los principios del derecho internacional, Colombia ha ofrecido custodiar la embajada argentina en Caracas, donde seis opositores al régimen de Nicolás Maduro han permanecido refugiados durante nueve meses. Entre ellos, se encuentran figuras clave del entorno de María Corina Machado, como Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de Edmundo González y Machado.
El politólogo venezolano, quien se encuentra en la sede diplomática desde el 20 de marzo, ha denunciado públicamente las condiciones extremas a las que están sometidos. “La obligación moral de resistir”, escribió en su cuenta de X en septiembre, describiendo meses de aislamiento, sin acceso a servicios básicos como agua y electricidad, bajo un constante asedio que incluye francotiradores apostados en las inmediaciones de la embajada.
Este cerco, denunciado internacionalmente como una violación flagrante de la Convención de Viena, es una de las estrategias de presión del régimen tras las elecciones fraudulentas que han generado rechazo en la región. Colombia, junto con Brasil, ha reiterado su disposición para asumir la custodia de la embajada y proteger a los refugiados políticos, tal como lo señaló la Cancillería colombiana en un comunicado:
> “Reiteramos nuestra solicitud expresa a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para que se apeguen a los principios del derecho internacional y garanticen la protección de las seis personas solicitantes de asilo político en la sede diplomática de la República de Argentina en Caracas”.
Además, Colombia ha instado a Venezuela a reincorporarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, subrayando la necesidad de restablecer las garantías políticas fundamentales en la región.
Una situación insostenible
Los refugiados, quienes incluyen a Magalli Meda, jefa de campaña; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones; Humberto Villalobo, coordinador electoral de Vente Venezuela; Omar González, exdiputado y miembro de la dirección del partido; y el exministro Fernando Martínez Mottola, enfrentan condiciones cada vez más críticas. Denuncian cortes constantes de agua y electricidad, restricciones al ingreso de alimentos y vigilancia extrema.
El canciller argentino, Gerardo Werthein, exigió recientemente salvoconductos para permitir su salida segura. “El gobierno venezolano no solo ha negado esta posibilidad, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables”, afirmó durante una sesión extraordinaria de la OEA. Werthein condenó el asedio como una estrategia de desgaste físico y terror psicológico, advirtiendo que el respeto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas está en juego.
Escalada de la violencia
El sábado pasado, los opositores denunciaron un aumento en el nivel de hostigamiento, señalando la presencia de francotiradores camuflados alrededor de la embajada. Omar González, en una conferencia virtual, describió:
> “Están equipados con fusiles de asalto, miras telescópicas y señaladores láser. Se ocultan en las cercanías y convierten el vecindario en un centro de espionaje”.
La ruptura de relaciones entre Venezuela y Argentina, tras el desconocimiento de las elecciones por parte del gobierno de Javier Milei, ha agravado la situación. Aunque Brasil asumió inicialmente la custodia de la embajada, Venezuela revocó esta medida, lo que ha dejado a los asilados en un limbo diplomático.
A esto se suma la reciente detención de un gendarme argentino y un empleado local de la embajada, hechos calificados por Argentina como violaciones graves de los derechos fundamentales. Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha emitido declaraciones al respecto, ni sobre el ofrecimiento de Colombia para garantizar la seguridad de la sede diplomática.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación un caso que representa no solo un ataque contra los derechos humanos, sino un desafío directo al derecho internacional.
