El exsecretario del Senado, Gregorio Eljach, fue elegido como Procurador General de la Nación, cargo que asumirá el próximo 15 de enero de 2025, en reemplazo de Margarita Cabello. Su llegada al puesto genera expectativas en los sectores políticos, especialmente entre alcaldes, gobernadores y demás funcionarios elegidos por voto popular, quienes ven en su gestión un posible cambio en la relación con el órgano disciplinario.
Eljach, quien fue ternado para el cargo por el presidente Gustavo Petro, ha expresado una mayor disposición a cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este fallo, que surgió del caso «Petro vs. Estado Colombiano», establece que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos democráticamente, ya que no cumple funciones judiciales. La controversia tiene sus raíces en la destitución de Petro como alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez, lo que llevó al hoy presidente a recurrir a la CIDH y obtener medidas cautelares para regresar a su cargo.
No obstante, la Sala Plena del Consejo de Estado ha puesto nuevos matices en este debate. Aunque Eljach parecía dispuesto a acatar el pronunciamiento de la CIDH, el Consejo estableció condiciones que podrían limitar la aplicación directa de dicho fallo. Este pronunciamiento llega en un contexto donde se ha discutido incluso la posibilidad de restringir o reformar las funciones disciplinarias de la Procuraduría sobre los funcionarios elegidos por voto popular.
En 2021, en respuesta a la sentencia de la CIDH, el Congreso aprobó la Ley 2094, que ajusta la legislación colombiana al marco de derechos internacionales. Sin embargo, esta norma fue condicionada y declarada exequible por la Corte Constitucional, lo que añade un nuevo nivel de complejidad jurídica al panorama.
La llegada de Gregorio Eljach al cargo de Procurador General será clave para determinar si se consolida un cambio en las funciones de la entidad frente a los mandatarios locales y regionales, o si prevalecerán las restricciones impuestas por las altas cortes del país.
