La reciente denuncia del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla ha desatado un escándalo que sacude al Gobierno de Gustavo Petro. Según revelaciones de SEMANA, los contratistas cercanos a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo de la primera dama Verónica Alcocer, habrían exigido millonarias sumas de dinero relacionadas con un contrato en la hidroeléctrica Urrá.
Los protagonistas y el origen del contrato
David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, socios de Nicolás Alcocer y accionistas de Luxim Ingeniería S.A.S., son señalados de aprovechar su cercanía con la familia presidencial para obtener beneficios en Urrá. Su empresa, parte del consorcio Luxpower 2022 junto a la firma china Powerchina International Group, firmó un contrato el 21 de julio de 2021, bajo el gobierno anterior, por más de 76.000 millones de pesos. El proyecto buscaba construir el Parque Solar Urrá 19.9 en Córdoba, con un plazo de ejecución de 14 meses, pero a la fecha no ha sido inaugurado.
Desde entonces, Luxpower ha presentado múltiples reclamaciones a la hidroeléctrica, solicitando más de 60.000 millones de pesos adicionales, argumentando un “desequilibrio económico” derivado de factores como la guerra en Ucrania y costos imprevistos.
Reclamos y cuestionamientos
El consorcio empezó a exigir más recursos en marzo de 2022 y en diciembre del mismo año solicitó modificaciones contractuales para obtener mayores anticipos. Incluso pidieron un pago adicional de 4.8 millones de dólares, pero la interventoría, encabezada por Leonardo Boon, señaló deficiencias en la ejecución.
En marzo de 2023, Enrique Kerguelen, gerente técnico ambiental de Urrá, rechazó las peticiones, señalando la falta de experiencia del consorcio y un avance insuficiente en el proyecto. Hasta enero de 2024, los contratistas continuaban reclamando ajustes que, según ellos, superarían los 60.900 millones de pesos.
Vidas lujosas y vínculos personales
El caso se complica por las relaciones personales entre los implicados. Fotografías en redes sociales muestran a Cerón y Muñoz disfrutando de fiestas en lujosas casas y yates junto a Nicolás Alcocer y Leonardo Boon. Estas imágenes evidencian la cercanía entre contratista e interventor, lo que podría configurar un conflicto de intereses.
Mientras tanto, Urrá contrató una consultoría externa que validó algunos puntos de las reclamaciones, pero desestimó las exorbitantes cifras exigidas. A pesar de las controversias, Luxim Ingeniería continúa participando en procesos licitatorios de la hidroeléctrica.
La sombra política sobre Urrá
Históricamente, Urrá ha sido un «botín político» en Córdoba, y el actual Gobierno no parece ser la excepción. Con un presupuesto anual cercano a los 500.000 millones de pesos, la hidroeléctrica ha estado bajo la lupa por la presunta influencia de la familia Calle y la posibilidad de una adquisición por parte de Ecopetrol, cuyo presidente, Ricardo Roa, también ha sido vinculado al caso.
Las denuncias podrían formar parte de una lucha interna por el control de Urrá en medio de la proximidad de las elecciones de 2026. Sin embargo, las pruebas presentadas refuerzan la narrativa de posibles irregularidades en la gestión de los contratos.
Sin respuesta de los implicados
Intentos de SEMANA por obtener declaraciones de David Cerón, Leonardo Boon y Nicolás Alcocer no han tenido éxito. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha minimizado las denuncias, que amenazan con salpicar a su Gobierno en un nuevo escándalo de corrupción.
La trama en torno a Urrá sigue creciendo, revelando cómo los intereses políticos y económicos continúan moldeando las dinámicas en una de las principales empresas del sector energético del país.
