El nuevo impuesto de seguridad aprobado en Antioquia ha desatado un intenso debate entre líderes políticos, gremios y ciudadanos. La medida, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, busca recaudar recursos adicionales para fortalecer la seguridad y mejorar el orden público en las subregiones del departamento. Sin embargo, su implementación enfrenta una férrea resistencia, especialmente por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El choque entre Gobernación y Alcaldía
La ordenanza, aprobada por la Asamblea de Antioquia, establece que empresarios y ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 deberán aportar un monto adicional a través de la factura de energía de EPM. Esta propuesta generó rechazo por parte de Gutiérrez, quien, como presidente de la junta directiva de EPM, anunció que la empresa no realizará el cobro.
“Desde EPM no haremos dicho cobro. Es inconveniente tocar la tarifa de energía, que ya es costosa”, aseguró el alcalde, criticando la iniciativa por considerar que afecta a los contribuyentes.
Por su parte, el gobernador Rendón minimizó la oposición del alcalde y aseguró que existen alternativas para garantizar el recaudo. “Hay muchos mecanismos. Hemos hablado con 29 organizaciones del departamento que podrían encargarse de esta tarea”, afirmó.
Opiniones divididas: gremios y políticos en la discusión
El debate trasciende lo político y ha movilizado a distintos sectores. La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, expresó la preocupación de los comerciantes, advirtiendo sobre la carga tributaria excesiva. “No podemos soportar más impuestos. La formalidad empresarial ya es un desafío enorme”, declaró.
En contraste, la bancada del Centro Democrático respaldó la medida, argumentando que la inseguridad es el “impuesto más alto” que pagan los ciudadanos. “Garantizar la seguridad es clave para atraer inversión, generar empleo y fomentar el turismo”, indicó el partido.
El expresidente Álvaro Uribe también intervino, llamando a un consenso entre las partes. “Hay necesidades urgentes en seguridad, pero los contribuyentes están sobrecargados. Es vital que el gobernador, el alcalde y los gremios lleguen a un acuerdo”, señaló.
Reacciones de los opositores
El exalcalde Daniel Quintero anunció que promoverá una revocatoria de mandato contra Rendón y los alcaldes que apoyen la medida. Según Quintero, el impuesto afecta injustamente a la clase media. “Ya están soportando subsidios cruzados para los estratos 1, 2 y 3. Este nuevo impuesto es una carga insostenible”, argumentó.
El destino de los recursos
El gobernador Rendón defendió la iniciativa asegurando que los fondos serán destinados exclusivamente a la seguridad. “Cada peso invertido será para dignificar y fortalecer a la fuerza pública, que enfrenta amenazas del Clan del Golfo, ELN y disidencias”, explicó. Además, destacó que parte del dinero se usará en mejorar espacios públicos, como placas deportivas en mal estado.
“La seguridad es esencial para generar empleo, atraer inversión y garantizar la libertad”, concluyó el mandatario, quien anticipa que el debate sobre este polémico impuesto apenas comienza.
