La salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda se produjo en medio de tensiones políticas y graves acusaciones de corrupción. Bonilla, quien había denunciado ante la Fiscalía a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijastro del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la central hidroeléctrica de Urrá, presentó su renuncia tras el pedido directo del mandatario.
El presidente Petro, a pesar de defender a Bonilla hasta el último momento, terminó solicitando su dimisión en medio de los escándalos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En su cuenta de X, Petro elogió la trayectoria de Bonilla: «Espero la renuncia de un gran compañero y profesor honesto… que sacó a Colombia de la recesión por el sobreendeudamiento que dejó Duque». Sin embargo, también dejó entrever un trasfondo político: «Lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno… No voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones».
Bonilla, en una carta dirigida a Petro, expresó su respeto por las investigaciones de la Fiscalía y su decisión de defenderse como ciudadano: «Ha llegado la hora de asumir mi defensa desprovisto de mi condición de funcionario público, para evitar daños al Gobierno en su agenda pública».
Escándalo por presunta compra de congresistas
El contexto de la salida de Bonilla también está marcado por declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro, quien afirmó ante la Fiscalía que recibió órdenes para garantizar el respaldo de congresistas mediante presuntos sobornos. Según SEMANA, Benavides reveló que Bonilla presionaba para el direccionamiento de contratos desde Invías a cambio de apoyo al Presupuesto General de la Nación para 2024.
En uno de los audios revelados, Benavides narró cómo Bonilla la instruyó para obtener información sobre los «cupos indicativos» entregados: «El ministro me dijo: ‘Ve y habla con Juan José Oyuela [directivo de Invías] y dile que me informe cuánto se ha dado y qué falta'».
La denuncia de Urrá y las investigaciones en curso
La denuncia que Bonilla presentó el mismo día de su renuncia acusa a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer de presionar a la junta directiva de Urrá para favorecer a un grupo empresarial en la adjudicación del contrato del Parque Solar Urrá 19.9.
Margarita Cabello Blanco, procuradora general, confirmó que desde hace meses se adelanta una investigación preliminar sobre estas presuntas presiones: «Tenemos una investigación disciplinaria por actuaciones indebidas en Urrá», afirmó.
La salida de Bonilla, en un contexto de denuncias cruzadas y acusaciones de corrupción, deja preguntas abiertas sobre el impacto de su renuncia en la estabilidad del Gobierno y la continuidad de las investigaciones en curso.
