MARÍA ISABEL RUEDA
Confío en que por petrista que resulte el magistrado Polo, si es verdad que lo es, prevalezcan sus deberes como guardián de la Constitución.
Siempre he pensado que a un magistrado de la Corte Constitucional, independientemente de su posición ideológica, hay es que juzgarlo por el cumplimiento de su deber único, que es la salvaguarda de la Constitución; lo cual, además de ser una obligación, es perfectamente factible de hacerse desde la derecha, el centro o la izquierda, siempre que se trate de un demócrata y un jurista experimentado.
Desde muy temprano en el proceso de elección del reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, se le adjudicó a Miguel Polo, el elegido, una clara cercanía con el presidente Petro, porque ha sido asesor del exsecretario jurídico de Palacio Vladimir Fernández, ternado para la CC por el propio mandatario. Pero no era suficiente evidencia; porque Polo también lo fue en el pasado de los magistrados Linares y Guerrero, uno proveniente de círculos santistas y otro de la derecha.
Una mezcolanza que incluso se vio en posiciones suyas a través de mensajes progresistas, unos, o institucionalistas, otros, con los que el doctor Polo ambientó su campaña.
Es decir, carece de una línea ideológica clara, pero repito, lo importante es su disposición para defender la integridad de la Constitución, que solo podremos confirmar con el paso del tiempo.
Los otros dos candidatos, doctores Claudia Dangond y Jaime Tobar, representaban excelentes opciones y analizaremos por partes el motivo de su derrota.
Precisamente al ser catalogado el doctor Polo como petrista –sin serlo claramente–, sí polarizó los ánimos entre dos grupos: los que apoyarían a alguno de los dos primeros y los que apoyaban a Polo, entre otros el partido de gobierno.
Por un error, el presidente del Senado, Fincho Cepeda, calculó que la mayoría entre Dangond y Tobar la tenía ella y discretamente el segundo le dejó el espacio abierto; pero el empate 51-51 Dangond-Polo de la primera votación demostró que, por desgracia, ella no necesariamente la tenía.
Muchos resolvieron que se cortaban el dedo antes de votar por una futura magistrada de derecha, a pesar de todas sus distinciones y merecimientos. ¿De pronto con Tobar, Polo habría resultado algo más derrotable?
Pero hay interrogantes en esta elección que abren heridas.
Que no estuvieran marcados los dos tarjetones de más que, “accidentalmente”, se introdujeron a las urnas, no es suficiente indicio de que el asunto fue fortuito y de que no hubo en él la intención de sabotear la elección.
¿Y qué tal la rapidez con la que desde el Gobierno salieron de la noche a la mañana a apoyar a Polo? Además, mediando la teoría de que hubo hasta ofrecimientos burocráticos que lograron que en 24 horas Claudia Dangond perdiera 3 votos y a Miguel Polo le aparecieran siete, lo que confirma la teoría de que aquí metieron mano varios ministros del Gobierno. Unos hasta fotografiaron su voto, supuestamente secreto. ¿Para cobrar? Por ejemplo, ‘Semana’ cita a Humberto de la Calle: “Tengo testimonios de varios senadores que dicen que han sido llamados por ministros para inducir sus votos”…
También dice ‘Semana’ que en los pasillos del Senado se rumoraron movimientos del mininterior, Juan Cristo, y del mincomunicaciones, Mauricio Lizcano (presente en casi todas las votaciones), y hasta del minvivienda.
La rapidez con la que Polo le sacó a Dangond esa ventaja de 10 votos hizo recordar trágicamente la llamada ‘Yidispolítica’, con la que a punta de ofrecimientos burocráticos voltearon, en una noche, la reelección de Uribe. Solo que en ese episodio hubo presos y aquí, ninguna posibilidad… ¿Y qué tal las felicitaciones casi personales de Petro al nuevo magistrado?
Demasiados detalles incómodos rodearon la elección de Miguel Polo, aunque me niego a creer que entre sus planes, con su larga carrera de jurista, esté el de ayudarle en una de estas al Gobierno a producir una hecatombe democrática, bien con una constituyente o facilitando alargar el período presidencial. Pero es oportuno recordarle la sana práctica del “deber de ingratitud” que tienen jueces e integrantes de los organismos de control hacia quienes los eligieron, para garantizar su independencia.
Porque además de vigilar que las reformas del Gobierno se ajusten realmente a la Constitución, se vienen temas muy, pero muy espinosos, como el del impuesto permanente al patrimonio, considerado potencialmente confiscatorio y sobre cuya constitucionalidad actualmente la Corte está empatada.
Hoy sería para patrimonios superiores a 72.000 Unidades de Valor Tributario (3.700 millones), pero rumores indican que el Gobierno planea bajar estas UVT hasta 30.000 (1.800 millones) para que muchos más en Colombia paguen. Quién sabe si el empate se resuelva antes de la posesión del magistrado Polo. Pero confío en que por petrista que resulte, si es verdad que lo es, prevalezcan sus deberes como guardián de la Constitución.
MARÍA ISABEL RUEDA
