La Fiscalía General de Venezuela inició este viernes, 22 de noviembre, una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado, a quien acusa de «traición a la patria» por supuestamente conspirar con el gobierno de Joe Biden para promover un proyecto de ley en Estados Unidos que busca incrementar las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Según un comunicado del Ministerio Público venezolano, los pronunciamientos públicos de Machado sobre el proyecto, conocido como Bolívar, la implican en «graves delitos» que atentan contra la soberanía nacional. Este proyecto bipartidista, aprobado por la Cámara de Representantes de EE.UU. pero aún pendiente de ratificación en el Senado y la firma presidencial, prohíbe contratos con entidades que mantengan vínculos con el “régimen ilegítimo” de Maduro. Caracas califica esta medida como un «ataque criminal» que viola la Carta de las Naciones Unidas y agrava las más de 930 sanciones que ya enfrenta el país.
En respuesta, el Parlamento venezolano aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que inhabilita a ciudadanos que apoyen sanciones extranjeras para ocupar cargos públicos.
Contexto de las acusaciones
El Ministerio Público también investiga a Machado por la publicación en un portal web de actas electorales que, según la oposición, demostrarían la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del 28 de julio. Asimismo, enfrenta cargos por “instigación a la insurrección” tras presuntamente incitar a la Fuerza Armada a desconocer los resultados que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas oficiales del escrutinio, argumentando problemas derivados de un presunto ciberataque al sistema de votación.
Reconocimiento de EE.UU. al líder opositor
En un golpe a la legitimidad de Maduro, el gobierno de Joe Biden reconoció esta semana a Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela. Según el Departamento de Estado, esta decisión no obedece al fin del mandato de Biden, que será sucedido por Donald Trump el 20 de enero, sino a la falta de cambios en la postura de Maduro pese a la presión internacional.
“No hemos visto pruebas que respalden el supuesto triunfo de Maduro en las elecciones, sino todo lo contrario”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Además, el secretario de Estado, Antony Blinken, reforzó este reconocimiento al referirse públicamente a González Urrutia como “presidente electo”.
El régimen de Maduro, a través de su canciller Yván Gil, descalificó estas declaraciones, calificándolas de «ridículas» y acusando a Washington de injerencia.
Tensión creciente
La escalada de medidas y acusaciones entre Caracas y Washington marca un nuevo capítulo de confrontación política, en un escenario donde el reconocimiento internacional y la legitimidad de los actores en disputa siguen siendo el centro de la pugna. La oposición insiste en la falta de transparencia del proceso electoral, mientras el gobierno de Maduro intensifica su ofensiva contra quienes considera aliados de las sanciones extranjeras.
