Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que el sistema energético nacional está sólido, las advertencias de un posible desabastecimiento y las críticas no cesan. La Contraloría General de la República y Corficolombiana han alzado la voz, señalando serios riesgos que podrían afectar al país en el corto y mediano plazo.
El mensaje de Petro desde Brasil
En medio de una visita a Brasil, el presidente anunció el reinicio de exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, país que enfrenta una crisis energética. Sin embargo, su declaración incluyó una crítica a quienes han advertido sobre problemas en el sistema energético colombiano: “Este suministro contradice a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre un supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores”.
Lejos de apaciguar las preocupaciones, estas declaraciones fueron seguidas de nuevas advertencias por parte de organismos como la Contraloría General, que encendió las alarmas sobre riesgos en el sector energético y posibles afectaciones a los consumidores.
Contraloría advierte sobre riesgos en el sistema energético
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, emitió un control de advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales. Según el informe, existen cuatro riesgos principales:
1. Reducción de ingresos públicos: La caída en la producción de hidrocarburos y en las exportaciones impacta las regalías e impuestos, debilitando las finanzas nacionales.
2. Subsidios en riesgo: El posible desabastecimiento de gas y combustibles podría obligar al Estado a destinar más recursos para subsidios en servicios públicos, poniendo en peligro su sostenibilidad.
3. Fuga de inversión extranjera: La incertidumbre en el sector minero-energético desincentiva la llegada de capital extranjero.
4. Incremento en los subsidios a combustibles: Ante un alza en los precios de los combustibles importados, los niveles de subsidio podrían dispararse.
Análisis de Corficolombiana: desbalance en gas y energía eléctrica
Un estudio de Corficolombiana titulado El costo del déficit local del gas y eventual apagón detalla los riesgos de desabastecimiento de gas y electricidad. Según el informe, las reservas probadas de gas en Colombia han disminuido significativamente, pasando de 13,9 años de reservas en 2011 a solo 6,1 años en 2023. Además, la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración ha limitado las posibilidades de aumentar las reservas.
Por otro lado, el sistema eléctrico enfrenta desafíos debido a retrasos en proyectos de infraestructura, como plantas solares y eólicas, y su alta dependencia de fuentes hidroeléctricas, que son vulnerables a fenómenos climáticos como El Niño.
Impacto económico y social
De acuerdo con Corficolombiana, si no se toman medidas, el sector industrial será el primero en verse afectado por un posible desabastecimiento de gas, seguido por incrementos tarifarios para los consumidores. Se estima que el gas importado podría costar entre un 65 % y un 132 % más que el producido localmente, lo que generaría aumentos en las facturas de los hogares y presiones inflacionarias.
En el sector eléctrico, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) proyecta que, para 2025, la demanda de energía superará la capacidad firme del sistema. Aunque no se prevé un apagón de la magnitud del ocurrido en 1992, los riesgos de cortes y encarecimiento de la energía son evidentes.
Un panorama incierto
La sostenibilidad del sistema energético colombiano depende de decisiones estratégicas a corto y mediano plazo. Si bien el respaldo de la planta regasificadora de Cartagena puede aliviar parcialmente la demanda de gas, la falta de regulación para comercializarlo a nivel industrial y doméstico sigue siendo un obstáculo.
En el sector eléctrico, es urgente acelerar los proyectos de energías renovables y mejorar la planificación de recursos hídricos para mitigar los riesgos asociados a fenómenos climáticos y déficits de generación.
El futuro del sistema energético plantea retos significativos que, de no ser abordados, podrían traducirse en racionamientos, aumentos tarifarios y pérdida de competitividad para la economía nacional.
