En 2015, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, junto con el expresidente Juan Manuel Santos, inauguraron el proyecto de vivienda de interés prioritario La Plaza de la Hoja, concebido como un refugio para 457 familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, lo que prometía ser un modelo de inclusión y reconstrucción social terminó convirtiéndose en un símbolo de abandono y problemas sociales.
Un ambicioso proyecto social
En 2014, Gustavo Petro impulsó un concurso internacional para diseñar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en un lote estratégico de Bogotá, entre la carrera 30 y las calles 22 y 19, con el objetivo de revitalizar el centro ampliado de la ciudad. La propuesta ganadora, del arquitecto Felipe González-Pacheco, planteaba un conjunto integral de 457 apartamentos con áreas de 50 metros cuadrados, distribuidos en torres con terrazas y acceso a luz natural.
El proyecto incluía servicios comunitarios como un centro de emprendimiento, un jardín infantil, un centro cultural y una sede para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Además, ofrecía espacios para comercio administrados por los residentes, buscando fomentar la sostenibilidad económica de las familias.
De la visión a la realidad: cambios y reducción de viviendas
A pesar del diseño original, Metrovivienda, bajo la dirección de Nicolás Corzo, realizó importantes modificaciones al proyecto. A través de las constructoras APRO S.A. y Construcciones 1A, la propuesta inicial fue alterada, reduciendo el número de viviendas de 457 a 361 y omitiendo varios de los elementos integrales diseñados por González-Pacheco. La obra, levantada en un plazo de 12 meses, se entregó en enero de 2015 en condiciones incompletas: apartamentos en obra gris, sin puertas y sin las infraestructuras prometidas.
Una entrega simbólica y un resultado preocupante
La ceremonia de entrega, encabezada por Petro, Santos y el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, marcó el inicio de la ocupación del conjunto La Plaza de la Hoja. Sin embargo, las expectativas iniciales de convertir este espacio en un ejemplo de integración social y urbana no se materializaron.
Con el tiempo, el conjunto se deterioró y se convirtió en un foco de inseguridad y delincuencia, dejando atrás la visión de ser un lugar digno para las víctimas del conflicto.
Este caso ilustra los retos de los proyectos de vivienda social en Colombia, en los que las promesas políticas, la ejecución deficiente y la falta de seguimiento terminan afectando a los más vulnerables.
