En Colombia, los peajes constituyen una fuente crucial de financiamiento para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, gestionados principalmente por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Cada año, millones de pesos se recaudan de los conductores con la expectativa de contar con carreteras seguras y en buen estado. Sin embargo, el estado de muchas vías no refleja esta inversión, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de estos fondos.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación resalta la situación crítica en tramos estratégicos como la Ruta 45A, que conecta Bogotá con Bucaramanga, una arteria clave para la economía que se extiende hasta Venezuela. Otros corredores como Bogotá–Villavicencio y el que une el Eje Cafetero con Antioquia también presentan deficiencias notorias: baches, falta de señalización y derrumbes constantes, lo que incrementa el riesgo de accidentes y los costos de transporte.
La Ley 105 de 1993 establece que al menos el 50% de los ingresos de peajes recaudados por Invías deben destinarse al mantenimiento vial en el departamento donde se originan. Sin embargo, numerosas denuncias y el deterioro visible de las carreteras sugieren que este mandato no siempre se cumple. En muchos casos, los recursos se redirigen para cubrir déficits de otras vías sin peajes, evidenciando una administración poco transparente que ha generado frustración y desconfianza en los usuarios.
La falta de inversión adecuada en infraestructura no solo limita el desarrollo económico, sino que representa un riesgo constante para quienes dependen del transporte por carretera. Los colombianos exigen rendición de cuentas y una gestión eficiente que permita ver reflejado en las vías el dinero que aportan a diario.
