La comunidad de Santo Domingo, en el Nordeste antioqueño, se encuentra en el centro de una polémica tras un incidente ocurrido durante la reciente Cabalgata de Disfraces , celebrada el pasado 1 de noviembre. Una funcionaria de la Fiscalía local, identificada como Martha Calderón, participó en el desfile vistiendo un disfraz que incluía un camuflado y elementos representativos del grupo armado ELN, lo que generó indignación y rechazo entre los asistentes.
El incidente se hizo viral a través de las redes sociales, donde muchos ciudadanos expresaron su desacuerdo con la elección de vestimenta de la funcionaria, considerándola inapropiada y ofensiva. Ante la situación, las autoridades locales intervinieron, requiriendo a Calderón que retirara los símbolos asociados con el grupo insurgente. En un video del momento, se observa cómo un agente de la Policía le pide que lo acompañe a la estación para discutir el asunto, sugiriendo que su actuación podría constituir un delito.
A pesar de la intervención, Calderón defendió su disfraz, argumentando que se trataba de una representación artística y que la reacción de la policía era un abuso de autoridad. El alcalde de Santo Domingo, Fabio Mira, se manifestó en contra de su comportamiento, enfatizando la falta de respeto hacia la comunidad y los valores que deberían guiar a los funcionarios públicos.
La senadora María Fernanda Cabal no tardó en reaccionar, condenando el acto a través de sus redes sociales. Describió la acción de la funcionaria como «inaceptable» y enfatizó que los símbolos de grupos terroristas no deben tomarse a la ligera.
En declaraciones posteriores, el alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira Valencia, se refirió al incidente y la sanción impuesta a la funcionaria. Explicó que, al ser requerida por las autoridades, ella se negó a acatar la orden y recibió un comparendo por su actitud desafiante, que fue vista como una falta de respeto hacia la comunidad y las instituciones.
Como consecuencia del incidente, la funcionaria recibió un comparendo por violar el Código de Policía. Además, se ha enviado un informe a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles medidas disciplinarias o legales que podrían derivarse de este hecho.
La controversia ha desencadenado un intenso debate en la comunidad sobre la responsabilidad de los funcionarios en eventos públicos y la sensibilidad de los símbolos asociados con grupos armados ilegales en la región. Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el futuro de Calderón en su cargo ni sobre la posibilidad de cargos penales en su contra.
