La polémica sobre la ampliación de la Avenida Boyacá entre las calles 183 y 235 sigue ganando fuerza, en medio de tensiones entre la administración del presidente Gustavo Petro y el gobierno de Bogotá. Este proyecto de infraestructura vial, considerado fundamental para aliviar el tráfico en el norte de la ciudad y habilitar el desarrollo urbanístico de Lagos de Torca, enfrenta ahora una demanda en el Consejo de Estado que busca la nulidad de la licencia ambiental concedida por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.
La demanda, presentada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue admitida esta semana para estudio por el alto tribunal, y cuestiona la viabilidad ambiental de la obra. En particular, apunta a la afectación de la reserva forestal Thomas van der Hammen, un área protegida en la que se autorizó la sustracción de 20,87 hectáreas, aproximadamente el 1,49% de la reserva, para facilitar la construcción de 4,9 kilómetros de la vía.
Este intento de frenar el proyecto por razones ambientales no ha estado exento de oposición. Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, ha defendido enérgicamente la autonomía de la ciudad en sus decisiones territoriales, argumentando que el proyecto ha sido planeado durante décadas y cuenta con estudios y diseños listos para ejecución. A este respaldo se sumó la posición del exministro de Transporte William Camargo, quien en una audiencia pública en septiembre de 2023 afirmó que la ampliación de otras vías –como la Autopista Norte y la Avenida Séptima– podrían suplir la necesidad de la Boyacá.
Sin embargo, defensores del proyecto aseguran que el atraso en la ejecución de estas alternativas dejaría a la ciudad en una situación de congestionamiento aún mayor. Alejandro Callejas, gerente del proyecto Lagos de Torca, destacó la importancia de la Avenida Boyacá para el desarrollo del norte de Bogotá y alertó sobre la posibilidad de que la espera por nuevas vías se prolongue por varios años.
La falta de respuesta del director de la CAR, Alfred Ballesteros, a los recursos de reposición presentados tanto por la ministra Muhamad como por la ambientalista Sabina van der Hammen ha generado sospechas de un posible “silencio administrativo” que, según el concejal Daniel Briceño, podría reflejar una falta de imparcialidad en el proceso. Esta situación permitió que el Ministerio de Ambiente presentara la demanda ante el Consejo de Estado, lo que podría retrasar la obra por meses o incluso años.
Mientras tanto, las obras de la Avenida Boyacá avanzan con la primera fase financiada, que comprende el tramo entre las calles 183 y 200. No obstante, persiste la incertidumbre sobre el futuro del proyecto si el Consejo de Estado falla a favor de Muhamad y la CAR se ve obligada a retirar la licencia ambiental.
Para expertos como Omar Oróstegui, del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, el conflicto refleja la compleja relación entre las políticas ambientales y las necesidades de infraestructura de una ciudad en crecimiento. «El futuro de proyectos como Lagos de Torca queda en entredicho mientras persistan estos enfrentamientos entre niveles de gobierno», señaló.
La disputa por la Avenida Boyacá continúa, dejando a la ciudadanía en medio de una lucha entre la visión ambientalista del gobierno nacional y las necesidades urbanas de Bogotá.
