El Tribunal de Cundinamarca detiene proyecto de los Alcocer en el humedal La Conejera
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de las obras lideradas por los hermanos Juan Carlos y María Teresa Alcocer García en el humedal La Conejera, tras considerar que el proyecto de la etapa 8 de la urbanización Fontanar del Río infringía normas ambientales. Posteriormente, el Consejo de Estado ratificó esta decisión, protegiendo así uno de los ecosistemas más sensibles de la capital.
La alerta inicial la emitió el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, durante la administración de Gustavo Petro, quien interpuso una acción popular contra la constructora Praga Servicios Inmobiliarios, propiedad de los Alcocer. La denuncia se centró en el riesgo que el proyecto representaba para el derecho colectivo al uso del espacio público y a un ambiente sano, dado que las obras se adelantaban en un área protegida del humedal.
En su momento, Petro se declaró impedido para intervenir, y el proyecto fue aprobado por la Curaduría Urbana No. 2, la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía Local de Suba. Sin embargo, el personero presentó pruebas que demostraban que el proyecto invadía 238,12 metros cuadrados de la zona de manejo y preservación ambiental, lo cual incluía parqueaderos y áreas sociales.
El Tribunal Administrativo acogió los argumentos del personero y ordenó la modificación de la licencia de construcción, además de la implementación de medidas para preservar las aves migratorias que transitan por el humedal. Asimismo, ordenó a las Secretarías de Planeación, Ambiente y a la Alcaldía de Suba delimitar con precisión las zonas de protección del humedal, de manera que las licencias de construcción se otorguen con base en un único instrumento legal, evitando así contradicciones en la cartografía ambiental.
La Secretaría de Ambiente y la de Planeación también deberán estudiar el impacto del canal Afidro sobre el humedal y establecer una regulación clara para su protección. El tribunal determinó, además, que la constructora Praga debía asumir los costos del proceso y cumplir con los compromisos de protección ambiental adquiridos.
Ante la decisión del Tribunal, la constructora y la Alcaldía presentaron apelaciones, las cuales fueron desestimadas por el Consejo de Estado, que falló en contra de sus argumentos. El Alto Tribunal concluyó que las actividades constructivas en el humedal La Conejera causaron daños ambientales significativos, afectando la biodiversidad, la conectividad ecológica, y el hábitat de aves migratorias.
El Consejo de Estado reafirmó que estas intervenciones generaron contaminación sonora, acumulación de residuos sólidos, y pérdida de los últimos paisajes silvestres de la zona. Por ello, ordenó inspecciones periódicas en el área y el inicio de acciones administrativas para garantizar la protección del humedal, de acuerdo con las disposiciones del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
