Una crisis sin precedentes tiene en la incertidumbre al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad técnica que hasta ahora había permanecido alejada de la controversia pública. Sin embargo, en el Gobierno de Gustavo Petro el rumbo parece distinto. En enero, y tras cuatro años de labores, la veterinaria y zootecnista Deyanira Barrero León renunció a la gerencia del ICA. En su reemplazo se nombró en encargo a María del Pilar Ruiz, quien se desempeñaba como directora de Innovación.
Se conoció denuncias que aseguran que Ruiz, en alianza con Ricardo Venegas, asesor de la gerencia y líder sindical, hizo fuertes cambios en sus dos meses de encargo y despidió a expertos con años de trayectoria. Asimismo, realizó nombramientos sin los requerimientos necesarios y mostró poca agilidad en la contratación de servicios.
Ruiz renunció al cargo el pasado 7 de marzo. Funcionarios del ICA, que prefieren mantener su identidad en reserva, señalan que en sus dos meses hubo una verdadera “cacería de brujas”. “A todo el que olía a la administración anterior lo sacaron”, manifestó uno de los funcionarios.
Subgerentes, jefes de oficinas asesoras, gerentes seccionales y directores técnicos fueron retirados de sus cargos, advierten los denunciantes. Afirman que en áreas como sanidad vegetal, animal, protección fronteriza, junto con las oficinas de planeación y administrativa, llegaron personas impuestas por la nueva administración que no tendrían las capacidades técnicas que se requieren.
Además, de acuerdo con los denunciantes, la entidad no cuenta con los insumos para suplir sus requerimientos operativos y hace falta personal en áreas importantes. “Únicamente se ha firmado el 25 por ciento de los contratos de prestación de servicios de apoyo a las áreas misionales, lo cual ha sido un impedimento en la atención de las emergencias sanitarias presentadas”, aseguraron funcionarios del ICA.
Esta falta de personal habría retardado las labores de inspección, vigilancia y control. Por esa razón, quienes denuncian dicen que el país se encuentra en “riesgo sanitario y fitosanitario”.“Las oficinas a nivel nacional no cuentan con personal que realice labores de cafetería en las sedes, no se cuenta con servicio de mensajería, no hay contrato para la revisión técnico-mecánica de vehículos, no se cuenta con impresoras ni papelería, así como el mantenimiento de las instalaciones, que en muchos casos pone en riesgo la salud tanto de usuarios como de funcionarios”, agregó un trabajador de la entidad.
Uno de los casos más polémicos es el retiro de la gerente seccional de Antioquia, quien denunció anteriormente que funcionarios de la oficina local de Turbo agregaron animales al sistema de Guías Sanitarias de Movilización por fuera de los horarios de oficina, lo cual consiste en “inconsistencias graves con posible connotación disciplinaria”.
Según la funcionaria, una verificación de la entidad comprobó que dichos funcionarios habrían registrado animales para traslado sin el correspondiente soporte de vacunas.
De acuerdo con el oficio en el que se denunció la situación a la Policía Fiscal y Aduanera del área metropolitana de Medellín, esto puso en riesgo “el estatus sanitario del país, ya que puede llegar a favorecer el contrabando y abigeato de animales, lo cual va en contravía con las normas técnicas establecidas por el instituto”.
En 2020, una verificación interna del ICA, conocida por este medio, recomendó el bloqueo o cambio de perfil en el caso del funcionario Gustavo Porras, uno de los presuntos responsables de la irregularidad que denunció la exgerente seccional. A su vez, se remitió el informe a la oficina de asuntos disciplinarios para tomar medidas frente a la actuación del trabajador.
Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, al iniciar la administración de Ruiz, se retiró a la gerente de Antioquia para que Porras llegara a su cargo. Eso preocupa a funcionarios de la entidad por los antecedentes disciplinarios y los posibles riesgos sanitarios en el territorio.
Tomado R.S.
