En una reciente decisión, el Tribunal Superior de Bogotá ha confirmado, en segunda instancia, la acusación contra Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de distrito de Perenco, y Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras de la misma compañía. Ambos están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir agravado, clasificado como conducta punible de lesa humanidad.
La investigación, liderada por un fiscal del Grupo de Compulsas de la Dirección de Justicia Transicional, revela que los acusados habrían participado activamente en reuniones y acuerdos con grupos armados ilegales. Según las autoridades, los exdirectivos sirvieron de intermediarios con el frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare entre 1996 y 2005.
Los cargos se basan en la acusación de que Sarmiento y Pinzón facilitaron a estos grupos dinero, combustible, alimentos y transporte, a cambio de protección para los pozos petroleros de la empresa. Este esquema ilícito tenía como objetivo garantizar la seguridad de las instalaciones a través de los servicios ofrecidos por las estructuras armadas ilegales.
El caso sigue bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo Sistema Procesal Penal.
