En una revelación que ha sacudido el panorama político, el columnista Aurelio Suárez ha denunciado en su más reciente columna un presunto despilfarro de recursos públicos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), dirigido por Mauricio Lizcano. Según Suárez, el ministro ha gastado la asombrosa cifra de 29.660 millones de pesos en lo que el columnista describe como «autobombo».
Suárez sostiene que estos gastos provienen del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic), un fondo con un patrimonio de 1,3 billones de pesos destinado a apoyar proyectos estatales como RTVC, canales regionales de televisión, y programas educativos como Computadores para Educar, entre otros. El columnista acusa a Lizcano de desviar estos fondos hacia campañas publicitarias que destacan su imagen personal en eventos y cuñas, sin justificación legal para estos gastos.
El columnista asegura haber identificado dos contratos interadministrativos adjudicados a dedo, que Lizcano habría utilizado para financiar su campaña de autobombo. Uno de estos contratos se firmó con el Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín, propiedad de la alcaldía de esa ciudad, mientras que otros dos fueron adjudicados a las empresas Masin Eventos y Medios. Suárez señala que estos contratos no solo benefician a Lizcano en términos de promoción personal, sino que también involucran a intermediarios que se lucran de las subcontrataciones necesarias para ejecutar las campañas.
En su denuncia, Suárez cita ejemplos específicos de la presunta campaña de autopromoción, incluyendo audios y videos en los que Lizcano aparece promocionando proyectos como PotencIA Digital, en los que el ministro se presenta como el principal artífice y responsable. Según el columnista, estos esfuerzos publicitarios incluyen pautas en programas emblemáticos como El show de las estrellas y transmisiones de eventos deportivos de alta audiencia, como la Copa América.
Suárez también cuestiona la legalidad de estos gastos, argumentando que violan la Ley 1978 de 2019, que regula el uso de los fondos de Futic, así como la Ley 2345 de 2023, que prohíbe el uso de recursos estatales para la autopromoción de funcionarios públicos. Según el columnista, las campañas de Lizcano no solo son un derroche de dinero público, sino que también infringen claramente estas normativas.
Esta denuncia plantea serias preguntas sobre la gestión de los recursos públicos en el MinTIC y pone en el centro de la controversia al ministro Mauricio Lizcano, quien hasta ahora no ha respondido a las acusaciones. La magnitud del presunto despilfarro y la posible violación de las leyes colombianas convierten este escándalo en un asunto que podría tener graves repercusiones políticas y legales para el ministro y su equipo.
