La clausura del emblemático piqueteadero Doña Segunda, ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de Octubre en Bogotá, ha desatado una oleada de indignación en todo el país. La decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha sido criticada ampliamente por ciudadanos y políticos, quienes la ven como una injusta medida contra un pequeño negocio tradicional que ha servido a la comunidad por años.
El piqueteadero Doña Segunda es conocido por su deliciosa comida típica y por ser un punto de encuentro cultural y social en la capital. Sin embargo, la DIAN argumentó que la clausura se debió a incumplimientos fiscales, una justificación que no ha convencido a muchos. En medio de la controversia, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, salió en defensa de la medida. Bolívar afirmó que el cierre es parte de una estrategia más amplia para combatir la evasión fiscal y asegurar que todos los negocios, grandes y pequeños, cumplan con sus obligaciones tributarias.
Estas declaraciones han generado aún más descontento. Críticos argumentan que el gobierno está siendo excesivamente duro con pequeños comerciantes mientras que, a su juicio, permite que grandes corporaciones y sectores más poderosos operen con mayor impunidad. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, ha sido uno de los más vocales en su oposición, calificando la medida como una «persecución» contra quienes generan empleo y sostienen la economía local. En su opinión, el gobierno debería enfocarse en apoyar a los pequeños negocios en lugar de castigarlos.
La indignación se ha extendido más allá de las redes sociales y las declaraciones políticas. Muchos ciudadanos han expresado su tristeza y frustración por la pérdida de un lugar que consideran parte de su identidad y patrimonio cultural. La clausura de Doña Segunda no es solo el cierre de un establecimiento comercial; para muchos, representa un ataque a la esencia misma de la vida comunitaria en Bogotá.
En respuesta a las críticas, la DIAN y el DPS han reiterado su compromiso con la legalidad y la justicia fiscal. Argumentan que la lucha contra la evasión es crucial para asegurar recursos que beneficien a todos los ciudadanos y que todos deben contribuir de manera equitativa. No obstante, las voces de oposición insisten en que es necesario un enfoque más equilibrado y sensible, que reconozca las particularidades y desafíos que enfrentan los pequeños negocios.
Este incidente ha abierto un debate más amplio sobre la política fiscal y económica del gobierno de Petro, poniendo de relieve las tensiones entre las autoridades y sectores significativos de la sociedad. Mientras algunos defienden las medidas como necesarias para el desarrollo y la justicia, otros ven en ellas una muestra de insensibilidad y desconexión con la realidad de muchos colombianos.
La situación del piqueteadero Doña Segunda sigue siendo un tema de conversación y controversia, reflejando las profundas divisiones y desafíos que enfrenta el país en su camino hacia un desarrollo más justo y equilibrado.
