Formalmente el abogado Hollman Ibáñez recibió poder legal de los funcionarios públicos que se vieron envueltos en el escándalo de un video, por presuntos actos de corrupción, en un contrato de septiembre de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal, EAAAY, e INGENICONTEC, con el objeto de repotenciar la actual PTAR de la ciudad y construir otra. El monto de dichas obras contratadas asciende a $ 305.500.000.000 millones de pesos. Desde hace varios meses dicho contrato está suspendido por las investigaciones que lo rodean y a la fecha no se ha entregado dinero alguno a la firma contratista.
DF CASANARE sostuvo un breve diálogo con el abogado Ibáñez quien detalló contra quienes van dirigidas las acciones judiciales. Se estarían tipificando delitos como calumnia e injuria agravada en el nombre de los presuntos implicados. De acuerdo con Ibañez, a sus defendidos se les señala de actos ilícitos nunca cometidos, sobre los que no existe prueba alguna. Máxime que, según lo dijo en comunicado público Nelson Suescún, el Representante Legal de INGENICONTEC, el video es apócrifo y fue claramente editado para enlodar al alcalde y otras personas.
La demanda penal está dirigida contra el ex senador de la república por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, dos concejales de Yopal y el exalcalde de la ciudad Leonardo Puentes, del Partido Verde. Además, se interpondrá una queja disciplinaria contra el Contralor Departamental de Casanare Cipriano Castro.
En un video dado a conocer por el contralor Cipriano Castro, aparece Nelson Suescún, el representante legal de INGENICONTEC, contándole a un grupo de personas sentadas en una mesa sobre cómo sería el proceso de repartición de las multimillonarias coimas o “mordidas”, de las que se beneficiarían el alcalde Luis Eduardo Castro, el Representante a la Cámara Hugo Archila, el Gerente de la EAAAYopal Jairo Bossuet Pérez y el exasesor jurídico de la EAAAYopal Manolo Francisco Pérez. El Contralor Departamental de Casanare elevó esta denuncia ante la Fiscalia, la Contraloria, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
