Vuelve y juega. De nuevo los indígenas en acción. Sobre las 3 de la tarde de ayer martes 07 de febrero, mientras se desarrollaban en el congreso las sesiones extraordinarias, un grupo de aborígenes del Cauca tapono el ingreso a este edificio: Reclamaban mejoras en salud.
Pero, ciertas o no sus reclamaciones, ¿Cuáles son los más grandes terratenientes de este país? ¡Los indígenas! En conjunto, bajo la figura de propiedad colectiva y tenencia comunitaria, poseen el 29.4 por ciento del área continental de Colombia ¡la tercera parte! De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, a finales de 2022, los pueblos indígenas en Colombia poseían cerca de 33.3 millones de hectáreas de tierra, en 777 resguardos diseminados por todo el territorio patrio, en 28 departamentos. Mucha de esta tierra, el 47 por ciento, son selvas húmedas y bosques tropicales.
Son 87 pueblos indígenas, con una población calculada de 1.905.000 aborígenes, que no es siquiera el 4 por ciento de los 50 millones de habitantes, mal contados, que vivimos aquí.
No obstante, a estos terratenientes les fascina quejarse por todo, más que emborracharse y no trabajar. Hacen caóticos paros, cierran carreteras, queman buses y puentes, llegan en ordalías amenazantes a las ciudades causando toda suerte de problemas, cultivan coca y -es una verdad de a puño- forman parte de la cadena del negocio de los carteles de drogas.
A sus territorios no pueden asomarse el ejército o la policía porque sacan a patadas, empujones y hasta a balazos a la fuerza pública. Fuerza pública del Estado que se siente maniatada en razón a la eufemística “paz total” de Petro. Y, claro, los intocables indígenas tienen sus propias dizque “leyes” para “castigar” a sus delincuentes. Como si no tuviéramos una Constitución Política que cubre y obliga en su cumplimento a todos los colombianos.
A los que contravienen la ley indígena, sea cual sea el delito, simplemente los ponen a asolearse un rato en un cepo y les dan unos cuantos fuetazos en el trasero. Y listo: quedó el delincuente libre de toda culpa.
Anualmente el gobierno les transfiere a los indios muchos centenares de miles de millones de pesos, para que los manejen a su antojo. Nunca entregan cuentas ni a ellos mismos. Ni menos a organismos de control fiscal como la Contraloría o Tributario como la Dian, o disciplinario como la Procuraduría. Menos en lo penal a la Fiscalía.
¿Cuándo se escucha que la Contraloría emprenda procesos por malversación de dineros públicos contra los cabildos indígenas? ¿Cuándo se escucha que la Procuraduría inicie procesos disciplinarios contra los gobernadores indígenas? Y ojo: en este país los pueblos indígenas no son contribuyentes sobre el impuesto de renta y complementarios. Ningún aborigen está obligado a presentar declaración de renta y patrimonio. En blanco y negro: no pagan impuestos de nada. Las reformas tributarias que esclavizan y empobrecen más a la mayoría de los colombianos, no les afecta.
Eso que llaman pueblos indígenas, en Colombia son claramente unas republiquetas independientes. Digo yo.
