Salud Hernández-Mora
No creo que los seis acusados de las viejas Farc-EP relaten en televisión las aberraciones que cometieron con los menores de edad reclutados.
Si les quedara un ápice de dignidad, de arrepentimiento, de respeto a Colombia y a sus víctimas, los senadores de Comunes dejarían sus curules la próxima semana y Timochenko abandonaría la vida pública para siempre.
Nadie que conserve un mínimo de pudor se atrevería a seguir pontificando desde Senado, Congreso y foros académicos sobre lo divino y lo humano cuando fueron un monstruo para 18.677 niños y adolescentes que reclutaron.
Y tienen suerte de contar con el magistrado Ramelli a la cabeza de la JEP y de recibir una sentencia irrisoria. Si ya es una vergüenza que los crímenes contra niños y adolescentes guerrilleros no calificaran para ser el primer caso estudiado por la JEP y lo relegaran al séptimo lugar, lo que señala la sentencia supone una bofetada a los menores que sufrieron un abanico de espantos.
“La JEP llama a reconocer responsabilidad a los comparecientes como autores por mando (por omisión)* y no por autoría material directa, por los crímenes de guerra de tortura, violación, esclavitud sexual”, indica un aparte. Alegan que los reglamentos internos prohibían dichas prácticas, pero “ellos omitieron sus deberes (…) para controlar las tropas bajo su mando y prevenir y sancionar esos actos”.
Es decir, los magistrados concluyen que los revolucionarios del Secretariado desconocían lo que ocurría en su organización. Y recibirán una reprimenda, que no una condena seria, no por ser los autores e incitadores de crímenes continuados y atroces, sino por ineptitud a la hora de supervisar a la tropa.
“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas Farc-EP”, respondieron los Comunes a tono con la condescendencia de la JEP.
Decepcionante que no sea motivo de escándalo que una banda criminal, acosada por un tsunami de pruebas, tenga la desvergüenza de escribir “posibles hechos que pudieron suceder”. Ni que no cause espanto la cifra de 18.677.
Pero seguro que con Ramelli incluso pasarán menos pena que los militares que deshonraron el uniforme con los imperdonables falsos positivos. No creo que los seis acusados de las viejas Farc-EP relaten en televisión las aberraciones que cometieron con los menores de edad reclutados.
Y sería importante que quienes idearon todo confesaran de viva voz uno de los capítulos más oscuros: los fusilamientos de adolescentes. Para el adorado maridito de Sandra Ramírez, alias Tirofijo, merecían ser ejecutados si cometían el imperdonable delito de querer regresar a su hogar en lugar de segar vidas inocentes.
Llegaron al punto de juzgarlos tras observar sus rostros tristes, unas lágrimas reprimidas, como signos de que planeaban desmovilizarse. Los sometían a un juicio sumario en el que participaba todo el campamento.
Porque fueron tan criminales los jefes farianos, tan perversos, que lograron transformar miles de corazones tiernos en órganos pétreos, siguiendo las enseñanzas del comunista Mao. Consiguieron que jóvenes guerrilleros votaran a favor de la muerte de compañeros. Las Farc, les enseñaron, estaban por encima de la familia, del amigo, el dios al que debían obediencia ciega.
Si Ramelli no los programa, tampoco contarán ante las cámaras cómo mandaban adolescentes recién reclutadas, “carne fresca” les decían, a los comandantes para saciar sus apetitos sexuales.
Ni que Granobles, hermano del sanguinario Mono Jojoy, caminaba altivo en el Caguán, rodeado de las niñas que formaban su guardia pretoriana. Unos intuíamos qué hacía con ellas; el Secretariado lo sabía y lo encubría. Y hay denuncias de violación contra Pablo Catatumbo.
También los abortos forzosos eran una constante, extremo que la senadora Pizarro y demás feministas petristas han ignorado. “Los hijos no son para la guerra”, clamaban, y les mataban la criatura así tuviese ocho meses de vida.
Ni qué decir del reclutamiento de niños, crimen de lesa humanidad que, para la JEP, lo cometían los comandantes medios desobedeciendo a los honorables senadores de Comunes.
Para la JEP, tras años de escuchar atrocidades, el Secretariado no ordenaba nada, no veía nada, todo se hacía a sus espaldas.
Tengo fotos que tomé en un campamento de adolescentes, a 5 kilómetros de La Macarena, para una crónica en aquellos tiempos del Caguán en que creíamos, de manera estúpida, que la cúpula fariana pensaba en la paz.
Y digo estúpida porque hay que ser muy ingenuo para mantener la esperanza de que una banda que entrena niños para la guerra, ante los ojos del mundo, pensaba en un mejor futuro para el país y las nuevas generaciones.
Quienes cubrimos el Caguán y el conflicto años después, no teníamos que esperar a noviembre de 2024, cuando los senadores de Comunes van por su segunda legislatura regalada, para saber que un Carlos Antonio Lozada, un Julián Gallo o Sandra Ramírez fueron responsables directos de semejante salvajismo.
Salud Hernández-Mora
